De la necesidad de viviendas sociales que existe en Badajoz da cuenta la cantidad de familias que se dirigen al ayuntamiento porque requieren con urgencia un alojamiento. La Delegación de Vivienda del Ayuntamiento de Badajoz tiene una base de datos en las que aparecen registradas 1.720 demandantes que han solicitado ayuda en algún momento y actualmente hay 808 expedientes abiertos. La media anual de familias que pasan por esta delegación solicitando ayuda es de un centenar. En el 2019 han sido más de 120, según los datos del concejal delegado del área, Eladio Buzo, que defiende que «hace falta más vivienda social» en la ciudad. Buzo recuerda que fue en el 2013 cuando se inauguró la última promoción de 36 viviendas sociales construidas por la Junta de Extremadura en Badajoz y desde entonces no ha habido más promociones en la ciudad, una responsabilidad que compete al Gobierno regional.
La tarea encomendada a la Delegación de Vivienda es la tramitación de la documentación para familias que solicitan un alojamiento y lo que concede la Junta sobre todo es la ayuda al alquiler. El concejal señala que el problema que se encuentra el ayuntamiento es que para pedir esta ayuda, los solicitantes tienen que hallar un lugar que alguien le alquile y en muchos casos los caseros son reacios porque los demandantes carecen de nómina. «Todas las semanas como mínimo dos o tres familias me piden una reunión y me dicen que no encuentran casa porque no se fían, de nada sirve una ayuda al alquiler si no hay qué alquilar», manifiesta.
El Ayuntamiento de Badajoz cuenta con 53 viviendas para situaciones de urgencia. Muchas son casas del Casco Antiguo cuyos dueños las ceden gratuitamente por herencia y siempre están ocupadas. El baremo para la concesión es el mismo que para las viviendas sociales de la Junta de Extremadura, en función de las necesidades de los demandantes. Así, para el concejal, la solución pasa por que el Gobierno regional se quede con las 90 viviendas de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra, pero también por que adquiera suelo para construir otras nuevas «porque existe un déficit en Badajoz y eso es responsabilidad de la Junta de Extremadura», insiste.
Así se expuso en el último pleno, en el que todos los grupos municipales se pusieron de acuerdo para dirigir esta demanda al Ejecutivo autonómico, además de referirse a los pisos de la Guardia Civil. La propia Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra lamentaba hace unos días que se hayan cumplido dos años desde que doce familias okupasen estas viviendas y que en este tiempo no se haya llegado a un acuerdo con el Ministerio del Interior, su actual propietario. Según sus últimas informaciones, se está a expensas de la conformación del Gobierno central pues existe un preacuerdo para desbloquear la situación entre ambas administraciones.
La propia Junta reconoce la necesidad de viviendas sociales en Badajoz, según expuso en la memoria justificativa del pliego de condiciones para construir dos nuevas casas de este tipo en la calle Castaño, en la barriada de Santa Engracia, que sacó a concurso a principios de octubre por 141.840 euros.
Buzo señala que de las 14 obras que la Inmobiliaria Municipal va a poner en marcha a lo largo de este año, muchas se van a alquilar a familias que las necesitan. En Badajoz el parque de viviendas de promoción pública (VPP) es de 2.633, que representan un 3,65% del total de viviendas, según el estudio del Observatorio de la Vivienda referido al 2016.
