Solo tres municipios: Badajoz, Guadiana y Almendralejo han dicho no a las recomendaciones del Comité de Expertos de la Memoria Histórica de la Diputación de Badajoz, en relación al Catálogo de Vestigios franquistas en la provincia pacense, que presentaron ayer sus miembros con la diputada delegada del Área de Cultura, Cristina Núñez. La acompañaron los expertos Manuel Candalija, que actuó de portavoz; Isidoro Bohoyo, secretario; Julián Chaves, de la Uex; José Manuel Corbacho, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica; y José María Lama, de la empresa adjudicataria del desarrollo del proyecto, Masmagín SL. También forman parte del mismo Javier de las Heras por la Junta y Miguel Ruiz, de la Fempex.

Badajoz, Guadiana y Almendralejo constituyen el 1,6% de los 165 municipios de la provincia, de los que 162 han expresado su apoyo al proyecto y asumen las indicaciones propuestas, teniendo en cuenta que se han detectado 261 vestigios en total, por los que se recibieron 31 alegaciones (11%) de 23 municipios (13,9%), resueltas en un 48% con alas propuestas de los propios ayuntamientos.

De los 165 municipios hay 86 libres de vestigios y de los 79 restantes todos menos los tres indicados han comunicado su disposición a asumir las recomendaciones que se les ha hecho llegar por llegar y sobre las que han podido alegar hasta el último momento, a pesar de que el plazo inicial era de diez días, explicó Candalija.

En este sentido, el Ayuntamiento de Badajoz, donde se han detectado 19 vestigios --nombres de calles y plazas, placas, grupo escultórico, símbolos en viviendas públicas--, no llegó a presentar alegaciones, solo solicitó «que se paralizara el proceso hasta que se sustancien una serie de procedimientos judiciales en marcha», señaló el portavoz. En Guadiana, con tres vestigios --escudos y símbolos franquistas--, han manifestado su rechazo al catálogo señalando que han hecho uno propio. Y Almendralejo, donde se detectaron tres, finalmente se acordó que queda uno.

Asimismo, el comité de experto --cuya creación se aprobó en febrero de 2017, después de que se aprobara en pleno en diciembre de 2016 la propuesta de elaboración del catálogo--, hizo públicas ayer sus conclusiones tras la última reunión celebrada antes de la redacción final para su publicación, destacando «el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, la práctica unanimidad en la aceptación del mismo y el escaso número de alegaciones».

Núñez y Candalijas agradecieron «la colaboración de los ayuntamientos, de sus alcaldes y alcaldesas, concejales, historiadores, cronistas, miembros de asociaciones memorialistas y ciudadanos anónimos». Y, sobre todo, resaltaron que la provincia de Badajoz es «pionera en esta materia, la primera de toda España en acometer este trabajo de eliminación de vestigios de forma integral en todo su territorio».

Núñez explicó que «una vez en marcha el comité, se ha trabajado en cinco fases: análisis y diagnóstico, elaboración provisional de los datos del catálogo, recepción y dictamen sobre alegaciones y redacción definitiva».

Manuel Candalija explicó que se diferencian los vestigios por tipología y se ordenan en dos categorías: topónimos y símbolos singulares. Así, se trasladaron a los ayuntamientos dos tipos de propuestas, «las terminantes y las recomendaciones». Sobre las primeras se recomienda la eliminación o retirada, su reinterpretación mediante un panel u otro elemento interpretativo, o declaración del ayuntamiento sobre el cambio del motivo por el cuál se creó dicho vestigio. En cuanto a las recomendaciones, la decisión es del ayuntamiento.

Otra diferenciación se refiere a los topónimos de personajes nacionales, regionales y provinciales que se consideren «exaltación», para lo que se propone su eliminación. Sobre personajes locales, la propuesta queda en el ámbito de la recomendación.

Topónimos también de hechos, lugares, instituciones y países. Además, se detiene el comité en su catálogo en los símbolos singulares como cruces -que se recomienda su traslado a los cementerios-, escudos franquistas, placas, lápidas e inscripciones.

En este tiempo se han recibido quejas de dos familias, de Julio Cienfuegos y de Antonio Cuéllar Gragera, «casos ambos que han sido resueltos», señalaron.