TQtué le parecería a usted que alguien ajeno llegase a su casa y decidiese hacer obras que usted además tuviese que costear? La respuesta es obvia a la pregunta que formuló el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Angel Gallardo, para comparar esta situación con la que --según él-- se ha producido con la sede del Consejo Consultivo de Extremadura en el antiguo edificio del instituto Bárbara de Braganza, propiedad del organismo provincial. Gallardo convocó a los medios de comunicación para hablar del destino de estas dos plantas, una vez que el consejo se extingue y se sustituye por lo que han denominado la Comisión Jurídica, integrada exclusivamente por funcionarios de la Junta y de la que han salido los cargos políticos. Acudimos expectantes a conocer la decisión de la diputación y lo que nos trasladó Gallardo fue su malestar por que el ayuntamiento se haya atrevido a lanzar una propuesta para ocupar los espacios que ahora se quedan vacíos. Que sepamos, de la corporación municipal en pleno no ha salido ninguna idea.

Días atrás, fue el grupo de Podemos Recuperar Badajoz (integrado por 3 de los 27 concejales) el que lanzó la iniciativa de usarlo como sede de un Centro para la Cooperación Hispano Lusa, que sirviese de referente de las relaciones transfronterizas, donde, por ejemplo, pudiesen acudir a resolver sus cuitas los portugueses que viven a este lado de la Raya o los extremeños que deciden irse a vivir a Portugal. Cuando la prensa preguntó al alcalde, Francisco Javier Fragoso, por esta propuesta, mostró su apoyo, recordó que no era nuevo para él y que incluso había planteado que el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas se traslade de Mérida a Badajoz, como hizo Podemos, pero que él prefería que el Consejo Consultivo siguiese donde está. Es todo lo que dijo. Estas reflexiones no debieron gustar el presidente de la diputación, que las consideró una intromisión porque estaban hablando de los posibles usos de un edificio que no es municipal. Gallardo no quiere okupas en lo que es suyo, mejor dicho, en lo que pertenece a todos los ciudadanos de la provincia.

Sin embargo, no enarbola la misma bandera cuando se trata del Hospital Provincial. Aun siendo este céntrico e histórico edificio propiedad de la diputación, sin uso desde hace años, ha decidido inmiscuir en su futuro uso al ayuntamiento y ha dejado en manos de los grupos municipales el consenso para decidir cuál va a ser su destino, a sabiendas de la dificultad por el reparto de fuerzas. Mantener 20.000 metros cuadrados no es un plato apetecible para ninguna administración. Al parecer, la diputación, con 17 edificios en Badajoz --dos de ellos de reciente construcción, como son las sedes del OAR y de Promedio-- está escasa de espacios para sus servicios. En concreto y a pesar de que se han reducido los cargos de confianza, la Presidencia y los órganos dependientes deben estar como piojos entre costuras en el antiguo Casino de Badajoz, rehabilitado para readaptarse a las necesidades del organismo provincial. Y ahora que yaen el Consejo Consultivo no hay políticos, los funcionarios pueden estar bien al otro lado de la autopista, en la residencia universitaria, una ubicación bien situada y donde se aparca sin dificultad, según dijo. Eso sí, tendrán que hacer obras. Esta decisión implica, al menos, que otro edificio emblemático de Badajoz no se quede vacío, pero no se entienden las repentinas necesidades de la diputación en un espacio que fue cedido a la Junta por 25 años y lo que antes servía para el Consejo Consultivo no valga ahora para el órgano que lo sustituye.