He leído hace unos días las declaraciones de alguien, creo que eran de un empresario del sector de la construcción, a propósito de los hallazgos arqueológicos en Badajoz.
Afirmaba el buen hombre que si al cimentar una obra aparecía algún resto, metía rápidamente la máquina para evitar su paralización. Nada que los profesionales no sepamos. No creo que debamos apelar a la lógica, ni a las leyes. Esto pasa en todas partes, hasta en Alemania.
Hay que poner coto a eso, en la medida de lo posible, y ser positivos. Cualquier empresario tiene derecho a defender sus intereses y eso está fuera de toda duda. Y, al mismo tiempo, debiera haber una normativa aplicable al casco histórico de Badajoz --no he dicho al casco antiguo-- que redujese al mínimo los daños causados al Patrimonio.
Y, además, ha de crearse un órgano que coordine y controle todas las actuaciones constructivas. Eso es ya ineludible, en cuanto pasen las elecciones. Pero, dicho esto, no está de más hacer alguna reflexión al respecto y es ineludible sentarse con los empresarios del sector para, sin vulnerar la Ley, buscar una salida conveniente para todos.
El subsuelo arqueológico de Badajoz es mucho más frágil que el de Mérida, por poner un ejemplo cercano y conocido. Los restos más antiguos de nuestra ciudad --prehistóricos, tardoantiguos, islámicos o medievales cristianos-- están siempre realizados con materiales constructivos muy endebles, lejos de la solidez de los hallazgos emeritenses, y por lo tanto, suelen ser menos monumentales y su contenido histórico se pierde con la menor remoción incontrolada de tierras.
Así pues, hay que prevenir la aparición de restos y, de un modo positivo, coordinar, desde luego dentro del marco legal, la ejecución de los trabajos con tiempo.
Sin perjudicar a nadie o haciéndolo en el menor grado posible.
