Los Servicios Sociales de Instituciones Penitenciarias, dependientes del Ministerio del Interior, buscan organismos y entidades que faciliten plazas para el cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad. De momento, este organismo se ha dirigido a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y también recurrirá a la Diputación de Badajoz y a las direcciones generales de la Junta de Extremadura, según el jefe de estos servicios, Jesús Poblador.
La retirada del ayuntamiento y el incremento de medidas de este tipo a raíz de la modificación del Código Penal para incluir los delitos contra la seguridad en el tráfico han hecho necesarias más plazas. "Hemos pasado de 25 sentencias mensuales a 150. Solo en una quincena de julio ha habido 97 con penas en beneficio de la comunidad, por eso estamos muy bajos de recursos y tenemos que suplir enseguida la falta que nos ha dejado el ayuntamiento".
Poblador reconoció la dificultad para ejecutar estas penas. "Entiendo que no es fácil para un trabajador hacerse cargo del seguimiento de un penado a diario", señaló.
Instituciones Penitenciarias dispone de 322 plazas que ofrecen los ayuntamientos de la provincia suscritos al convenio que firmó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al que estuvo adherido el de Badajoz, además de otras 30 que facilita Cruz Roja, y unas 5 o 6 que aporta la Fundación Banco de Alimentos, a las que se suman otras que ofrecen la Asociación Síndrome de Down, el colegio Virgen de la Luz o la asociación de vecinos de El Gurugú.
Sin embargo, el número de sentencias con este tipo de penas no deja de aumentar, y ahora hay en la provincia unas 500, que se elevan a 600 si se añaden las que están pendientes de tramitación.
