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el chinero

Del Caudillo

 

Escudo en la fachada de Guadiana que recuerda la visita de Franco. - EL PERIÓDICO

Que estemos así a estas alturas de la historia es muy triste. Si Francisco Franco levantase la cabeza estaría encantado con lo que está dando de sí su recortada sombra. Es inaudito que once años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a retirar los vestigios de exaltación de la dictadura franquista, siga siendo objeto de debate eliminar el apellido Del Caudillo a un municipio de un Estado democrático y que haya partidos y representantes políticos de los vecinos de esta población que sigan defendiéndolo.

Como también es reprobable que una institución de la que dependen ayudas económicas que pueden ser vitales para el desarrollo de ese municipio, se atribuya el arbitrio de condicionar su concesión a que su gobierno local cumpla la ley, porque hasta el momento no ha habido forma de que lo haga por empecinamiento de un alcalde cuya ideología extremista pisotea la obligación de todo representante público del respeto absoluto de la normativa.

Que Guadiana sea Del Caudillo es un brindis al régimen dictatorial que tuteló la creación de pueblos de colonización con el Plan Badajoz. Esta afirmación no se puede rebatir. Todos las poblaciones que tenían este apellido lo han ido sustituyendo, incluida su vecina Gévora. Pero en Guadiana había un alcalde, Antonio Pozo, otrora del PP y ahora de Vox, que se empecinó en mantenerlo y no dudó en anclarse delante de la Junta de Extremadura, cuando el gobierno regional socialista vinculó la independencia del municipio, a la que tenía derecho, a que retirase el añadido franquista de su topónimo. Otra institución que se empeñó en obligar con calzador al cumplimiento de la ley. Sin resultado, porque en cuanto el PP entró en la Junta no le faltó tiempo para dar vía libre al alcalde de Guadiana para que su municipio se independizase y sondease a sus vecinos sobre sus preferencias acerca del nombre del pueblo, una consulta popular de dudosa legalidad.

PP y PSOE han utilizado esta ley para sus confrontaciones políticas. En cuanto cambian las siglas al frente de un gobierno, no dudan en dar la vuelta a postulados que sus antecesores defendieron y con los que no estaban de acuerdo. Ocurrió en la Junta y ahora ha sucedido en el Ayuntamiento de Guadiana, donde los socialistas han ganado por mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales y, tal como avisaron, han tardado menos tres en llevar al primer pleno una moción para iniciar los trámites que permitan acabar con las referencias al dictador, por mucho que Pozo les advierta de que los llevará a los tribunales.

Mientras tanto, en los juzgados se suceden las sentencias, una tras otra, sin dar lugar al menor resquicio de duda, que reprochan a la Diputación de Badajoz que vincule las ayudas del Plan Dinamiza, que son fundamentales para los municipios, al cumplimiento, no de la Ley de Memoria Histórica, sino del dictamen de una comisión de expertos que el propio organismo provincial creó y que todos los jueces han coincidido en que carece de autoridad para decidir si el nombre de esta calle o de esta plaza cumple o no la ley. Hay más: todos los fallos judiciales afean a la diputación que denegar ayudas por no cumplir este requisito equivale a una multa, cuando no ha abierto previamente un expediente sancionador en el que la parte castigada pueda defender sus argumentos.

Por la fuerza no es posible. No se pueden recortar derechos para obligar al cumplimiento de una ley, que en su propio articulado debe prever las medidas contra quien no la cumple. Las leyes están para acatarlas sin excusas, ni subterfugios. Qué pena de desmemoria histórica.