El sindicato CCOO ha interpuesto ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Badajoz un recurso contra el recorte salarial que los empleados del Ayuntamiento de Badajoz sufrieron en la nómina del mes de junio del 2010, la primera en la que se les aplicó la rebaja del sector público dictada por el real decreto ley del Gobierno del 20 de mayo y la Ley del 23 de junio de la Junta de Extremadura. El recurso que plantea este sindicato es contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada que presentó contra este recorte en el ayuntamiento.
La notificación del recurso contencioso-administrativo fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, que emplaza a los posibles interesados, funcionarios y personal laboral del ayuntamiento pacense, para que puedan personarse ante dicho juzgado en el plazo de nueve días.
Según la concejala de Personal, Maripaz Luján, este mismo recurso se está planteando en todos los ayuntamientos en el ámbito nacional y señaló que no tiene nada que decir sobre los propósitos del sindicato, más de lo que pueda decidir el juez.
Guillermo Barroso, coordinador del sector autonómico de CCOO, manifestó a este diario que el sindicato decidió interponer los recursos correspondientes ante todas las administraciones públicas de Extremadura contra los recortes salariales que se hicieron efectivos en la nómina de junio basándose en la inconstitucionalidad de la norma y el incumplimiento de las retribuciones acordadas en los convenios colectivos, pero el del Ayuntamiento de Badajoz, es el primero que llega al juzgado. En todos los casos, la respuesta que están obteniendo es silencio administrativo y que están aplicando lo que la ley establece.
Según Barroso, a diferencia de otros sindicatos que están apoyando recursos a título individual, CCOO está actuando de forma colectiva en la representación de todos los trabajadores del sector público, pues así evitan las actuaciones individuales que suponen gastos para los empleados públicos. Si la decisión del Gobierno fuese declarada inconstitucional, sería entonces cuando cada trabajador podría reclamar la devolución de los recortes que le han aplicado.
