Los dos funcionarios municipales imputados en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades urbanísticas han puesto sus cargos a disposición del gobierno municipal, cuyo titular, el alcalde Miguel Celdrán, que no los ha aceptado.

El portavoz popular, José Antonio Monago, dio cuenta de esta decisión adoptada por la Junta de Gobierno Local, que recibió un escrito del arquitecto jefe del servicio de Coordinación y Gestión Urbanística, Carlos Benito, y el jefe de Urbanismo, José María Martínez de la Concha.

Ambos funcionarios se manifiestan "sorprendidos, indignados y atónitos" por la citada querella, por la que se sienten "ofendidos en nuestra dignidad y honorabilidad como personas" pues "todas nuestras actuaciones" en las que han intervenido a lo largo de sus 30 y 26 años de servicio, respectivamente, se han basado "en nuestros conocimientos técnicos y legales" y "nunca encubiertos o presididos por conductas que pudieran favorecer o beneficiar a ninguna persona persona física o jurídica, y menos aún en beneficio propio, sino siempre velando por el interés público".

Por todo ello, se sienten obligados a poner a disposición sus puestos de funcionarios, hasta que exista una decisión judicial que "resuelva la querella y disipe cualquier duda o sombra sobre nuestra honorabilidad y trayectoria profesional".

RECHAZO El equipo de gobierno no aceptó la renuncia y reafirmó la "plena confianza en su buen hacer, su trayectoria y gran profesional", señaló Monago, quien apuntó que estos funcionarios han trabajado tanto con el gobierno de la UCD, como con los socialistas y el PP. Por tanto, el concejal recalcó que "confiamos plenamente en ellos, en su dignidad y honorabilidad y vamos a seguir confiando en este tema". En cualquier caso, según Monago, la puesta a disposición de sus cargos "les honra".