Los cinco municipios de más de 20.000 habitantes que hay en la provincia de Badajoz reciben 41 millones de euros de la Participación de Impuestos del Estado (PIE), el 46% de los 89,4 millones de toda la provincia. Los 158 pueblos restantes perciben 48,5 millones, el 44%, según un estudio de la diputación sobre Transferencias Municipales y Participación en Tributos estatales.

Estas cifras no suponen, según dicho estudio, una descompensación, pues aquí no hay ciudades de más de 500.000 habitantes que sí se han beneficiado de los criterios de reparto de la reforma de la Ley Reguladora de Haciendas Locales del 2002, que consolidó las diferencias anteriores y mantiene para los pequeños las variables población, capacidad recaudatoria y esfuerzo fiscal. A los grandes se cede una parte del IRPF, IVA e impuestos especiales.

La reforma establece un sistema dual con su línea en los 75.000 habitantes (o capitales autonómicas y de provincia). Al respetar lo que que percibían los grandes municipios con el sistema anterior, los técnicos estiman que se consolida una situación injusta, pero no extrapolable a la provincia o la región.

SUBVENCION La provincia tiene una ciudad de más de 75.000 habitantes, Badajoz, que obtiene 21,5 millones de la PIE, y Mérida como capital, 8,5. Con más de 20.000: Don Benito, Villanueva y Almendralejo, sumando las tres 12 millones. Entre las cinco ciudades reciben casi la mitad del total de la subvención estatal, respecto a los 158 municipios restantes, de los que 23 tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes y 136 tienen menos de 5.000, conforme al sistema de reparto en vigor, según el estudio.

Con el nuevo sistema, se distribuyen los recursos así: el 75% del fondo se reparte según población, con unos coeficientes (1,4 para los mayores de 50.000 vecinos; de 1,3 para los de 20.000; de 1,17 para los de 5.000 y de 1 para los de menos); un 12,5% en función de la capacidad recaudatoria a la inversa y otro 12,5% por el esfuerzo fiscal.

Los técnicos de la diputación señalan que el nuevo sistema sólo puede valorarse "atendiendo a criterios cualitativos, pues no hay información cuantitativa de las previsiones estimadas", además de que un sistema diferenciado "no parece justificado, pues a los municipios grandes no se las ha transferido nuevas competencias"; y que garantizar la subvención anterior al 2004 supone "consolidar las inequidades favorables a los mayores".

Otro problema es que el sistema no es revisable cada cinco años como hasta ahora. Los técnicos creen necesaria una fórmula que palíe diferencias, que impulse la convergencia positiva entre grandes y pequeños, con relación a la cantidad que les corresponda por habitante en la participación de los tributos. Así lo expondrá el presidente de la diputación, Juan María Vázquez, en una ponencia el día 2 en el VI Congreso de Pequeñas Ciudades españolas que se celebrará en Utebo, Zaragoza, como como presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP.

Como ejemplo de los efectos de la diferencia entre grandes y pequeños municipios está Málaga: con 547.105 habitantes, recibe más dinero del Estado que los 382 municipios de Extremadura.

AUTONOMIAS Por otro lado, los municipios demandan el incremento de la Participación en los Ingresos de las Autonomías, hoy muy reducidas, pues la mayoría de los recursos transferidos están condicionados a inversiones de capital, pero sin que los ayuntamientos puedan decidir.

El estudio indica que en el futuro "se debe apostar por una fórmula basada sólo en la necesidad población y capacidad de cada municipio, dejando fuera la variable de esfuerzo fiscal".

La valoración del estudio de la diputación es que los mayores municipios de la provincia y de la región no se benefician de las aportaciones a las grandes ciudades, de forma que la diferencia entre las de mayor tamaño de aquí con los pequeños municipios es mucho menor que la existente en el ámbito general y nacional, y además, están justificadas por sus mayores competencias y servicios.

Asimismo, responsabiliza al anterior Gobierno de utilizar la reforma del sistema para consolidar los beneficios que ya existían a favor de las grandes ciudades, en las que gobernaba, al tiempo que favorece un modelo de urbanismo con un mayor desarrollo inmobiliario.