El primero en reaccionar fue el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), el 22 de marzo y, a los pocos días, el 26, ha sido el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) el que también ha presentado un recurso de reposición contra la convocatoria del Ayuntamiento pacense para la licitación del plan director de las fortificaciones de la ciudad de Badajoz, una actuación que se incluye en el proyecto Baluartes. Los argumentos que esgrimen son exactamente los mismos: se muestran en contra de la urgencia y de la fianza injustificada, hechos que en su opinión, limitan la concurrencia de licitadores en este concurso.
Las bases salieron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 18 de marzo y los interesados tenían hasta el 26 para presentar sus propuestas. Pero en su recurso, ambos colegios solicitan la suspensión cautelar de los actos impugnados por "el perjuicio que pudiera causar al colectivo de arquitectos la restricción de concurrir a la licitación, perjuicios que afectan a derechos constitucionalmente protegidos como es el de la igualdad ante la ley y que inspiran la normativa de la contratación pública, como son los de objetividad y libre concurrencia en términos de igualdad y no discriminación".
Este diario solicitó ayer información al equipo de gobierno sobre las propuestas que han concurrido y cuál es la situación que se plantea ante estos recursos, pero no recibió respuesta.
No es la primera vez que los colegios de arquitectos impugnan un proceso vinculado al proyecto Baluartes, también por la urgencia de los plazos. Ya lo hicieron contra las bases para la adjudicación de la obra del fuerte de San Cristóbal y el ayuntamiento rechazó el recurso porque consideraba que las prisas estaban justificadas, dado que esta iniciativa tiene como fecha límite el 30 de junio de este año.
En esta ocasión, también rechazan que la convocatoria se realice mediante tramitación urgente, pues el plazo de 8 días para presentar propuestas "resulta absolutamente escaso", perjudicando --en su opinión-- "los principios de concurrencia y de igualdad de oportunidades".
Además, estos dos colegios profesionales se refieren a la garantía provisional que tienen que pagar los licitadores y que, según el concurso, es del 2% sobre el tipo de licitación, es decir, de 1.537 euros (el presupuesto del plan director es de 93.000 euros). Pero señalan que la normativa que regula los contratos públicos establece que cuando se exija una garantía se debe "justificar suficientemente", aunque ni el anuncio ni el pliego de condiciones económico-administrativas que rigen esta contratación recogen las razones que justifiquen la existencia de esta garantía provisional.
Por todo ello, los colegios profesionales aconsejan que se suspenda este procedimiento se podrá favorecer la concurrencia de un mayor número de interesados y se dispondrá de más proyectos, lo que beneficiaría la calidad del resultado final del procedimiento.
