El problema de cobertura en el Casco Antiguo de Badajoz para los usuarios de teléfonos móviles está próximo a solucionarse en cuanto se apruebe el plan especial de ubicación de antenas en esta zona de la ciudad, que están ultimando cuatro compañías con las que se ha reunido el ayuntamiento pacense.

El consistorio intenta, aunque no es obligatorio, que entre las compañías de telefonía se pongan de acuerdo y de hecho ya existen protocolos entre ellas para compartir instalaciones conjuntas. En el Casco Antiguo, al existir Bienes de Interés Cultural, la colocación de antenas requiere el visto bueno de la Comisión de Patrimonio y cuando se solicitaron las primeras, determinó que no informaría ninguna solicitud hasta que no hubiese un plan de antenas. En el ayuntamiento confían en que se resuelva para este verano.

Lo que hizo el ayuntamiento fue reunir a las compañías (Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo) para que le propusiesen un plan especial conjunto de antenas y, según el arquitecto municipal Enrique López, están a punto de presentar la propuesta, que posteriormente el consistorio estudiará con Patrimonio para determinar la ubicación.

La colocación de una antena conlleva dos trámites en el ayuntamiento: el urbanístico (que es el más importante y que tiene en cuenta las protecciones, el impacto visual, la altura y otros condicionantes para la concesión de la licencia de obra). Una segunda parte paralela atañe a las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que se tramita en el servicio de Protección Ambiental, que solo tiene en cuenta la potencia de emisión y que, según Enrique López, siempre está muy por debajo de la permitida porque las compañías tienen mucho cuidado en respetar este límite, para ello se realizan mediciones reales en varios puntos.

POR LA ALARMA En el Casco Antiguo existen algunas antenas instaladas desde hace muchos años, pero no se han vuelto a conceder licencias pendientes de la aprobación del plan. Hasta hace cinco años no se consideraban una actividad clasificada pero cuando surgió la alarma ciudadana por la posible repercusión negativa de sus emisiones, se incluyeron en el protocolo.

En toda la ciudad puede haber alrededor de 70 antenas de telefonía móvil emitiendo. Según los expedientes que obran en urbanismo, se han presentado 98 solicitudes, de las cuales 14 se encuentran en suelo rústico y 83 en el casco urbano, núcleos urbanos secundarios y en los poblados. De las totales, 41 tienen licencia de obras y la mayoría ya dispone de la licencia de actividad. 26 están pendientes de alguna documentación. Muchas datan del 2000 al 2001, cuando aún no se consideraban actividad clasificada. Es en este segundo trámite en el que se pueden presentar alegaciones. Once están pendientes de este trámite.

Según informa Enrique López, se reciben bastantes alegaciones y curiosamente, en la mayoría de los casos, todas proceden de los mismos ciudadanos, que estampan su nombre y su firma contra la instalación de estas antenas, sea cual sea su ubicación (de instalaciones en Damián Téllez la Fuente, Saavedra Palmeiro, Padre Rafael, avenida del Perú, Corte de Peleas, Juan Sebastián Elcano y otras). En algunos edificios existen varias antenas de distintas compañías, como en los hoteles Río y AC, en Colón 16, el campo de fútbol José Pache y en Felipe Checa. Cuando hay más de una instalación, Protección Ambiental realiza un informe específico sobre la acumulación de antenas.

Para poder conceder la licencia de instalación hay que contestar a las alegaciones, que habitualmente no se tienen en cuenta, dado que los proyectos están chequeados previamente. Los firmantes suelen alegar el impacto visual, que la estructura del edificio aguante, el permiso de los propietarios y sobre todo las emisiones, que es la cuestión en la que más inciden por los posibles riesgos que puedan conllevar.

López apunta que al ayuntamiento no se ha aportado ningún estudio de que las emisiones de estas antenas haya sido perjudicial, no puede denegar una licencia sin justificación y siempre se conceden si cumplen todos los requisitos.

Las compañías pagan a las comunidades de propietarios de los edificios donde se instalan un alquiler anual, que puede variar y oscila entre 4.000 y 6.000 euros.