Las administraciones públicas dedicadas al ramo se dieron cuenta muy pronto de su incapacidad para asumir la dirección de la gran cifra de trabajos que se les vino encima por la aplicación de la Ley de Patrimonio y, sobre todo, las regionales. Se reservaron la exclusiva función inspectora que les correspondía por Ley y, salvo casos muy concretos, descargaron las labores de excavación, seguimiento y prospección a las empresas privadas de Arqueología, que crecieron como setas. Éstas habían comenzado su labor entre la desconfianza de todos, empezando por los organismos que las controlaban. No faltaba cierta razón. En según qué regiones no había licenciados en Arqueología y los egresados universitarios eran licenciados en Historia que habían participado en alguna excavación. Hubo que permitirles dirigir proyectos con apenas el cumplimiento de algunas cautelas. Nadie constató la calidad de su experiencia. Y otra cuestión que no se resolvió correctamente fue la de la situación laboral de los excavadores.
Hubo un intento de crear un Colegio de Arqueólogos. Sin ser descabellado, chocó con la desconfianza de los técnicos regionales, porque sonó a centralismo, en un momento de euforia autonómica. Quedó, cuando llegó a algo, en sección de Arqueología en los de Doctores y Licenciados. No en todas partes los había o no funcionaban. Solo ciertos casos lo hicieron de forma correcta. Era importante que el ejercicio libre de la profesión -de arqueólogo- estuviese bien regulado, porque a estos técnicos siempre se los miró por encima del hombro. No había costumbre de que el criterio de alguien de Letras pudiera entorpecer, si no parar, la labor de los directores de obra y de los propios proyectos. En general se les daban los presupuestos cerrados. ¿Lo tomas o lo dejas? Y, en este caso, siempre habrá otro que lo hará por menos. La Junta de Extremadura obligaba a presentar el presupuesto firmado entre la empresa contratante -adjudicataria o promotora- y la contratada -empresa de arqueología o autónomo-. Dudo que haya tenido eficacia, si es legal. Falta capacidad para controlar el cumplimiento del contrato. Y no hablo de sindicación.
