El Ayuntamiento de Badajoz incumple sus obligaciones de manera sistemática y ha dejado que el concesionario se muera de inanición". Con estas palabras resume Rosa Mijangos, abogada de Párking Conquistadores (participada por Mesas del Río y El Partal), la situación a la que ha llegado la concesionaria de esta importante infraestructura. Lo hace después de que el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, informase el martes de que el equipo de gobierno ha decidido que va a esperar a que se resuelva la ejecución hipotecaria presentada por Liberbank.

Tras conocer esta decisión su reacción no se ha hecho esperar y ayer la abogada desveló que la empresa ha presentado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz dos recursos, en octubre y diciembre, el último para que el juez ordene la apertura del párking, después de que la única respuesta que la concesionaria ha recibido por parte del consistorio a sus solicitudes haya sido silencio.

No puede entender Mijangos las declaraciones de Celestino Rodolfo en las que viene a decir que ha sido el concesionario el que inició "una aventura empresarial" por haber presentado el estudio de viabilidad. La abogada apunta que, aunque fuese una iniciativa particular, el ayuntamiento en el momento en que saca a concurso el proyecto se compromete con su viabilidad, pues de lo contrario no sería una obra pública, ni un contrato concesional, "en el que hay dos partes: una es el ayuntamiento y otra la empresa concesionaria y las dos tienen derechos y obligaciones". "La viabilidad del contrato --recalca-- es algo con lo que el ayuntamiento está comprometido desde que se firma, antes de la ejecución de la obra pública porque ha hecho suyo el estudio de viabilidad".

Y cuando se plantea el procedimiento hipotecario, da la sensación, según la abogada, de que "el ayuntamiento no lo ve mal". Mijangos señala que a esta situación se ha llegado porque la empresa no puede hacer frente a la hipoteca "y esto es una situación anormal en una concesión de obra pública", en la que la obligación de la Administración local es el equilibrio económico financiero, según el cual se tienen que corregir los desequilibrios que tengan lugar por causas ajenas a la voluntad del contratista o del concesionario.

El primer recurso ante el juzgado se presentó en octubre, en relación a la cuantía del contrato de concesión. La concesionaria apunta que el ayuntamiento no se ha encontrado de repente con un proyecto de 15 millones de euros, que inicialmente se valoró en 9, pues aprobó en un pleno del 19 de noviembre del 2007 modificar el precio del contrato y lo subió a 14,5 millones sin impuestos (haciendo pagar una garantía por esta cantidad), así como los técnicos municipales han supervisado el desarrollo de la obra, por lo que conocen los imprevistos que han surgido. "El ayuntamiento --subraya Mijangos-- no puede hacerse de nuevas cuando el empresario afirma que se está arruinando y que la obra se ha ido de precio, porque ha ido consintiendo", recalca y quien defiende que "este señor tiene derecho a que se le reconozca el coste de la obra".

Pero el pleito más importante, según la concesionaria, porque refleja todos "los incumplimientos" por parte del consistorio, "y la falta de rigor y el caos con el que funciona", es el planteado en diciembre ante el mismo juzgado, para que sea el juez el que dictamine la apertura del aparcamiento, que el ayuntamiento deniega por silencio administrativo, desde que se le empezó a solicitar en julio del 2011. La abogada explica que el centro cívico "estaría ya más que terminado" si hubiesen dejado abrir el párking. Apunta que el pliego recoge que la obra de este edificio dotacional es "accesoria" y que la principal es el estacionamiento, porque es la obra pública que da servicio a la ciudad y es sobre el que la empresa tiene la obligación de construir y el deber de gestionar. La ley prevé la posibilidad de que, según argumenta, cuando una concesión tiene varias unidades y una de ellas está terminada, si es necesario para la viabilidad económica de la concesión, se puede pedir la apertura de esa obra, sin que ello sea un favor que se solicita "sino el ejercicio de un derecho".

Asegura Mijangos que en la reunión que mantuvieron el empresario y ella en diciembre en el ayuntamiento les exigieron la presentación como garantía de bienes patrimoniales, y así lo hicieron en enero, concretamente una planta fotovoltaica y dos naves en Portugal, por correo y por registro. Pero tampoco ha habido respuesta, aunque la abogada afirma que esta fue la garantía que "se pactó" en aquella reunión y que el ayuntamiento aceptó.

Posteriormente a la presentación de estos dos recursos, la entidad bancaria ha presentado la demanda de ejecución hipotecaria. Ante esta situación, la concesionaria se pregunta si el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad en la "insolvencia generada a la empresa". En la concesionaria tienen además la sensación de que el consistorio quiere ya llegar a un acuerdo con el banco para hacerse con el aparcamiento y creen que ha habido alguna reunión con Liberbank, que se ha ocultado al empresario. Si la hipoteca llegase a ejecutarse, anuncian que acudirán de nuevo a la justicia para dilucidar responsabilidades.