La barriada de las Cuestas de Orinaza ha estado condenada a ser un gueto desde sus orígenes, desde que alguien tuvo la feliz idea y la genial decisión de ubicar un barrio alejado de la ciudad que, por propia definición y aplastante lógica, sería siempre una zona marginal. Luego vinieron otros y decidieron que había que acabar con ese gueto y realojar a sus vecinos, que como tales, tienen derecho a disfrutar de los mismos servicios que los que habitan en cualquier otro barrio de la ciudad.
Es verdad que el proceso de realojo parece ser ejemplar, si se demuestra que más de 200 familias han sido recolocadas en diferentes zonas de Badajoz sin que, en principio, se hayan producido problemas irresolubles de convivencia. Pero mira por donde alguien ha decidido que hay un grupo de 34 familias que son irreconciliables con el resto de la sociedad pacense y que por tanto tienen que permanecer castigadas de por vida a vivir en un gueto cuyo nombre se identifica en toda la región con el tráfico de estupefacientes y la delincuencia. Que se sepa estas familias no han pasado por ningún tribunal que haya sentenciado su aislamiento y las haya condenado a malvivir en habitáculos prefabricados que, por si fuera poco, carecen de agua corriente y electricidad. La Administración se ha erigido en tribunal y desgraciadamente no cabe recurso alguno.
