La Audiencia de Badajoz ha condenado a R. R. G. un hombre de 70 años, a dos años de prisión tras asumir éste su responsabilidad en los hechos juzgados, en los que estaba acusado de un delito de abusos sexuales sobre un menor de edad, perpetrado hacia las 11.30 horas del 21 de diciembre del 2015, cuando fue sorprendido por el padre de un menor que tenía 14 años y padece un retraso intelectivo y madurativo, realizando tocamientos en los genitales.
El juicio se celebró ayer en la Sección Primera de la Audiencia, a puerta cerrada, si bien las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad por el que el acusado asumía los hechos y pedía perdón, y el fiscal y la acusación aceptaron una reducción de la condena de los 6 años solicitados inicialmente a 2, que no cumplirá si paga la cantidad establecida, y no delinque en 3 años.
No obstante, la pena contempla un periodo de 8 años de libertad vigilada y orden de alejamiento a no menos de 500 metros de la víctima, en cualquier situación, durante 8 años.
Así mismo, la pena, que ya es firme porque la dictó ‘in voce’ el presidente del tribunal en la sala, al término del juicio, contempla que entre en el registro de personas condenadas por delitos de acoso y abuso sexual.
La abogada de la familia del menor, María Teresa Escaso, en calidad de acusación particular, mantuvo en todo momento su conformidad con el ministerio público, y tras el juicio manifestó que «no podemos estar satisfechos del todo, pero al menos el acusado ha reconocido el hecho y eso ha permitido al fiscal reducir la pena solicitada inicialmente, pero sobre todo, se ha evitado que tenga que declarar el menor en presencia del agresor sexual».
El abogado de la defensa, José Duarte, por su parte, afirmó que su representado, septuagenario, no tendrá que entrar en prisión, «por la edad, porque no tiene antecedentes y siempre que haga efectiva la cantidad señalada».
JUICIO de BLANQUEO DE CAPITALES / Por otro lado, la Audiencia juzga hoy a J. A. N. L. y a N. P. H. acusados de blanqueo de capitales, que el fiscal achaca a los beneficios obtenidos por venta de droga, señalanado la cantidad de bienes en su haber habiendo trabajado 6 meses, entre 2009 y 2012. Pide para ellos 5 años de cárcel y multa de 411.147 euros. Uno de los letrados de la defensa, Alfredo Pereira, indica que «si hubiera blanqueo, no sería de la venta de drogas, sino de otra actividad». Él y Raúl Montaño, el otro defensor, solicitan la absolución.
