Condenan a 23 años de cárcel a Manuel García, exgerente de la cooperativa Caval

El tribunal lo condena, además, a abonar 1,5 millones de euros por los tres delitos contra la Hacienda Pública (medio por cada uno) y algo más de 500.000 euros por multas correspondientes al resto de delitos. También deberá pagar una indemnización de más de 960.000 a la Agencia Tributaria, otra de 530.000 a la Junta de Extremadura y alrededor de 450.000 a la Sociedad Cooperativa Caval, en concurso de acreedores.

No se han cumplido las exigencias de los letrados de la defensa (que pidieron en las conclusiones finales la libre absolución) para Manuel Corrales, excomercial de la cooperativa, y su esposa, Carmen Teixeira. La sentencia los condena a cuatro y tres años de prisión respectivamente por sendos delitos de apropiación indebida. Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

EL TRIBUNAL El juez ha considerado que Manuel García González "a lo largo de los años 2007 y 2009" realizaba funciones "omnicomprensivas" de gerencia a sabiendas de que "no podía llevar a cabo dicha actividad". La sentencia refleja que, desde esa posición de dominio, el acusado procedió a llevar a cabo "operaciones ficticias y distorsionadas de la realidad comercial y financiera de la cooperativa con los consiguientes reflejos fiscales".

Tumba, de este modo, uno de los principales pilares de la defensa, que intentó trasladar la responsabilidad de las decisiones que tomaba la cooperativa a su asamblea y a su consejo rector. "Desde la creación de Caval en 1993, el acusado Manuel García, en sus facultades de gerente administrador de hecho, disponía y llevaba a cabo absoluto control de la contabilidad de la entidad y en todo aquello vinculado a su financiación", dice la sentencia, que cifra en más de 25 millones de euros las pérdidas generadas hasta 2009, año en el que García abandonó la gerencia de Caval. También derriba, con estos argumentos, la explicación que el exgerente ofreció durante el juicio, que achacaba la acusación a un complot político hacia su persona.

El dictamen judicial plasma, así mismo, que García consiguió "obtener y apropiarse" una cantidad cercana a los 348.000 euros dentro de la corriente de flujos de intercambios existente entre Caval y Extremadura de Frutas, y que falseó las condiciones requeridas para obtener subvenciones de la Junta de Extremadura. Por último, reconoce que el excomercial Manuel Corrales obtuvo "un personal enriquecimiento y unas correlativas pérdidas a la entidad" y que percibió una cantidad con cargo a la cooperativa que sobrepasa los 400.000 euros "sin soporte documental alguno que la reflejara", que fue ocultada bajo el reflejo formal de la cooperativa.

COMPARECENCIA Ayer, tras la publicación de la sentencia por parte de la Audiencia Provincial, algunos miembros de la cooperativa cuya quiebra sacudió Valdelacalzada y dejó en la ruina a muchos de sus vecinos, celebraron la resolución en la sede del Colegio de Abogados de Badajoz, donde se ofició una rueda de prensa que también contó con la presencia de Rosalía Perera, letrada de la acusación particular en el caso, que se enteró de la misma "gracias a los medios de comunicación".

La abogada, frecuentemente interrumpida por los vítores de los cooperativistas, mostró "una gran satisfacción" por la resolución y manifestó que solicitará "inmediatamente" el ingreso en prisión de García, Corrales y Teixeira. Agradeció la labor del fiscal y del tribunal que han llevado el caso y esperó "una sentencia favorable" en el hipotético caso de la aceptación del recurso por parte del Tribunal Supremo.

También compareció Juan Miguel Gasco, que ejerció de secretario de la cooperativa tras la salida de Manuel García en 2009. "Aunque queda la ruina en el pueblo, de la que tardaremos años en recuperarnos, por lo menos es una alegría inmensa saber quién nos llevó a esa situación" se resignó.