La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) mantiene aún en trámites las expropiaciones de una decena de viviendas e inmuebles situados en la orilla del río, unos procesos que forman parte del proyecto de recuperación hidrológica y ambiental del Guadiana a su paso por Badajoz, desde el puente de Gévora hasta Caya, según confirmó ayer dicho organismo a este diario.

De esa decena de propiedades afectadas por los trabajos de reordenación de la margen derecha del río, hay ocho en total respecto a las cuales, la CHG continúa a la espera de que sean desalojados por sus propietarios, pues algunos de ellos no lo han hecho aún a la espera de que haya una resolución judicial, por haber sido recurrida la expropiación, o porque no se han cumplido aún los plazos legales para tales desalojos.

A estos ocho inmuebles hay que añadir otros dos que siguen en trámites para que se pronuncie la junta de expropiaciones y determine el precio de las mismas, según confirmaron ayer fuentes de la CHG.

El proyecto de recuperación del Guadiana se inició en el 2009b con un presupuesto de 44 millones entre las tres administraciones participantes, si bien la comisión de seguimiento aprobó algunas modificaciones que han supuesto cambios de partidas. De ese dinero, 16 millones estaban destinados a expropiar 168 bienes afectados por el proyecto.

EL 25 DE LAS MORERAS

Uno de esos inmuebles es el número 25 de la calle Las Moreras, situado a las traseras del Casino, cuyo desahucio ejecutó ayer la CHG "en virtud de un auto judicial", según indicaron fuentes de este organismo, una vez cumplidos los plazos establecidos y realizada la información pertinente. Una vez quedó vacía la casa, se procedió a su inmediato derribo.

Los habitantes de la vivienda son cuatro chicas jóvenes, hijas del propietario, Francisco Peanilla, que trasladaron sus enseres a una casa que se encuentra al lado, propiedad de su familia.

El dueño se quejó de que hayan valorado el inmueble en 5.000 euros y manifestó que la orden se ha ejecutado sin que se haya esperado a un conflicto familiar sobre la propiedad. Pero la CHG señaló que tal conflicto pertenece al ámbito particular y no afecta al proceso.

Francisco Peanilla recordó que la casa la compró él hace dos décadas a la madre de su actual cuñado, marido de una hermana suya, pero que tras iniciarse el proceso de expropiación reclamó parte de la propiedad, litigio que sigue en los tribunales.

La familia recibió la visita de un técnico de la CHG y un representante judicial hacia las once de la mañana, para ejecutar la orden desahucio. Con ellos acudieron varias unidades del Cuerpo Nacional de Policía en prevención de posibles incidentes. Una vez vaciada la casa, se procedió a la demolición del inmueble.