El interdicto presentado por un ciudadano afectado por las obras que se realizan en la margen izquierda de Entrepuentes, al considerar que ocupan parte de su terreno, tiene paralizado el proyecto de urbanización de la avenida Adolfo Díaz Ambrona desde hace año y medio, aproximadamente. La margen izquierda de la calzada, en la que una empresa realizaba trabajos de urbanización, una nueva acera con carril bici y zona de aparcamiento, permanece cortada al tráfico mediante una valla que deja disponible solo uno de los carriles, e inutilizada la acera y la zona aparcamiento.

Ante esta situación, la empresa urbanizadora, Urvicasa, solicitó ayuda al ayuntamiento para desbloquear la parálisis del proyecto, por lo que se inició una búsqueda en sus archivos y ayer el delegado de Patrimonio, Jesús Villalba, compareció para mostrar la documentación hallada, que, según su opinión, viene a demostrar que la citada franja de terreno es propiedad pública, en concreto de la Junta de Extremadura.

Dicha documentación consta del expediente de expropiación de la entonces Copuma (Consejería de Obras Públicas) al ayuntamiento con motivo de la ampliación y desdoblamiento de la calzada de la BA-510, o avenida de Adolfo Díaz Ambrona, con la publicidad institucional del proceso, fotos aéreas y planos del proyecto de entonces.

INTERDICTO DE 1984 También mostró documentos sobre el interdicto que ya presentó el mismo ciudadano en el año 1984 que, según Villalba, reclamaba los mismos terrenos y "ya entonces se demostró que esa franja de terreno era suelo público, del ayuntamiento, que fueron expropiados por la Junta", dijo.

Villalba afirmó que no comprende "las pretensiones de este ciudadano" al reclamar de nuevo ese terreno y pidió a la Junta que dé una respuesta al problema de la paralización de las obras. Además, dijo que tiene los documentos a disposición de la Junta, si ésta no los encuentra, pues dijo que no ha aportado documentación al juzgado sobre la propiedad de esa franja, al parecer porque no la encuentra.

Este diario pidió ayer conocer la versión de la Junta, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta. Dicha documentación sí la ha facilitado al agente urbanizador.

EL DEMANDANTE Aníbal Canelas, el ciudadano que presentó el interdicto, manifestó ayer que cuando se expropiaron los terrenos para la ampliación de BA-510 también se demostró judicialmente que ese terreno era de su propiedad. Y que la misma rebasaba el muro construido en su finca a igual altura que el del pabellón polideportivo de Entrepuentes. Además, "ya entones tuve que repartir unos metros de terreno con el ayuntamiento, "proporcionalmente a la propiedad de cada uno, la misma hasta el pabellón y ellos, la parte del polideportivo".

Asimismo, señaló que el interdicto actual ya fue recurrido por el ayuntamiento y que perdió, según sentencia del 5 de mayo pasado. Y que él está dispuesto, y así lo comunicó al ayuntamiento, a que se abra la acera al tránsito de los peatones trasladando la valla al límite de la obra. Pero para continuar las obras, indicó, deben expropiarle esos 500 y pico de metros que son de su propiedad, bien mediante pago con dinero o compensando la edificabilidad del terreno que tiene en esa zona, "no una planta más, sino la parte que me corresponda".

Canelas dijo que "no es verdad que la obra esté parada por la justicia, porque ésta ya se pronunció, sino porque no me pagan el terreno". Y añadió que pueden retirar "la valla y permitir el paso, pero no retomar las obras, no hasta que se haga efectivo el valor de ese suelo".