El Ayuntamiento de Badajoz pedirá a la comisión de liquidación del Matadero que disuelva la sociedad pública y cese en la actividad, mientras se consensúan con los demás grupos políticos y todos los afectados alternativas de uso para las instalaciones y los terrenos, según se desprende las manifestaciones del concejal de Hacienda, Comercio, Mercados y del Matadero, Alberto Astorga.

Dichas dependencias constan de una nave construida en una parcela de 23.000 metros cuadrados, de uso industrial, que se encuentran en el polígono industrial El Nevero.

La causa de esta decisión está en fracaso del proceso privatizador de un servicio que era obligatorio para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes cuando se creó como ente municipal, en el 1989, y ya no lo es.

Sí es, en cambio, una actividad deficitaria desde el comienzo de su segundo periodo, iniciado en el 1999, de forma que hasta el año pasado acumuló un déficit de 563.000 euros. Según Astorga, esto fue así porque el matadero se hizo sobredimensionado para la actividad que iba a realizar, y por la existencia de otras industrias similares en localidades cercanas a Badajoz.

El concejal confirmó ayer lo que ya publicó este diario la semana pasada, que la empresa adjudicataria del concurso, ICG 2000 Industrialización --la única que concurrió al mismo, y lo hizo con una oferta muy superior a la estipulada en las bases, 600.000 euros anuales de canon, además de otras mejoras, cuando el precio base era de 450.000--, no cumplimentó el proceso.

AVAL DE 8,4 MILLONES Y no lo hizo al no presentar un aval de 8,4 millones de euros. Esa era la cifra estipulada en las bases de la convocatoria. El plazo concluyó el pasado día 9 de octubre.

Para Astorga, lo ocurrido es "una muestra más de poco atractiva que resulta la oferta para la empresa privada". Y sin entrar en valoraciones, indicó que al no hacer la empresa entrega de la fianza, la adjudicación, que era provisional, queda así desierta.

ICG anunció en su momento la creación de un centro de investigación cárnica de alta tecnología, con una inversión de 78 millones de euros y la creación de 250 empleos directors y otros tantos indirectos.

Sobre la no presentación del aval, que el responsable de ICG, Fernando Ramón Alvarez justificó en la falta de una garantía recíproca, el concejal explicó que la inversión estaba proyectada mediante "financiación por préstamo y una subvención, supongo que de la Junta". Y que había solicitado presentar los avales conforme avanzaran las diferentes fases del proyecto y "mediante derechos a terceros, lo que vulneraba las bases de las convocatoria y no permite la Ley de Contratos del Estado", dijo.

SIN GARANTIA Alberto Astorga señaló que de ese modo "nunca se garantizaba la totalidad del proyecto". Asimismo, a preguntas de este diario, respondió que la solicitud de cambio de modalidad para la fianza la recibió por correo electrónico el pasado día 10 de septiembre, él les citó para el día 16 y, "desde entonces no sé nada", dijo. Además, manifestó que no tiene conocimiento de que esta empresa vaya a instalarse en algún otro municipio de la provincia.

Una vez declarado desierto el concurso, "los liquidadores nombrados a tal efecto estudiarán la situación", dejando claro que no habrá una segunda convocatoria. Así, se analizarán posibles alternativas de uso a las instalaciones y/o a la parcela de terreno.

Mientras, se trabajará en la liquidación de la sociedad y se negociará con los empleados que no son funcionarios, 11 entre fijos y temporales, pues el resto sal ser funcionarios y pueden ir a otros servicios municipales.

Astorga sí aclaró que se negociará con todas las partes, una vez que se informe a los grupos políticos para entre todos buscar una solución de consenso, que pasaría, una vez descartado un nuevo concurso, por ver si hay alguna empresa a la que le interesen las instalaciones o el suelo, de uso industrial. Y eso lo podrá negociar directamente el ayuntamiento, sin concurso.