El ayuntamiento decidió cerrar el matadero municipal este final de año, tras fracasar el proceso privatizador al renunciar la empresa ICG a la adjudicación, que ganó en un concurso público. Así lo confirmó el concejal del área, Alberto Astorga, en noviembre, al explicar que la adjudicataria --única que concurrió y con una oferta de 600.000 euros anuales de canon cuando el precio base era de 450.000--, no cumplimentó el proceso al no presentar un aval de 8,4 millones de euros.
Indicó que al no hacer la empresa entrega de la fianza, la adjudicación, que era provisional, quedó desierta. ICG anunció en su momento la creación de un centro de investigación cárnica de alta tecnología, con una inversión de 78 millones de euros y la creación de 250 empleos directors y otros tantos indirectos.
Sobre la no presentación del aval, ICG lo justificó en la falta de garantía recíproca. El concejal explicó que había solicitado presentar los avales conforme avanzaran las fases del proyecto y "mediante derechos a terceros, lo que vulneraba las bases de las convocatoria y no permite la Ley de Contratos del Estado", dijo.
Astorga señaló que de ese modo "nunca se garantizaba la totalidad del proyecto". Asimismo, manifestó que no tiene conocimiento de que esta empresa vaya a instalarse en algún otro municipio de la provincia.
El concejal dejó claro que no habrá una segunda convocatoria. Así, se analizarán posibles alternativas de uso a las instalaciones y/o a la parcela de terreno.
El ayuntamiento quiere reubicar a todos los funcionarios del servicio y recolocar a los laborales.
