Los contratos de arrendamiento de los huertos familiares de los ocho poblados, propiedad del Ayuntamiento de Badajoz, tendrán una duración de 5 años. Transcurrido este periodo, el consistorio recuperará la posesión y anualmente, en diciembre, determinará cuántos están disponibles por fallecimiento de sus titulares o extinción de los contratos. Cuando los huertos arrendados estén en Suelo Urbanizable, el contrato concluirá cuando se vaya a desarrollar ese suelo. El uso y disfrute de estos terrenos tiene carácter personal y el derecho a explotarlos no solo no se pueden ceder ni subarrendar sino que no se contempla ningún tipo de transmisión, es decir, no se heredan.
Estas son algunas de las condiciones que recoge la Ordenanza Reguladora de los Huertos Familiares de Propiedad Municipal, que acaba de aprobar el pleno de la corporación local.
Viene a poner orden a estas propiedades cuyo aprovechamiento no se ha regulado desde que en 1985 el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) transmitiera la propiedad al ayuntamiento. Su explotación está siendo disfrutada por los antiguos adjudicatarios, sus descendientes o terceros sin conocimiento de la Administración municipal, que además debe correr con los gastos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sin recibir nada a cambio.
En total hay 305 huertos repartidos entre las ocho pedanías, que ocupan 170 hectáreas y la superficie media está entre los 4.500 y 5.000 metros cuadrados. Cuando entre en vigor esta ordenanza, quienes quieran explotarlos pagarán un alquiler anual, que será el 6% del valor en venta del huerto.
La nueva ordenanza se empezará a aplicar a primeros de enero del 2011, según el concejal de Patrimonio, Jesús Villalba, quien señala que no supondrá ingresos importantes pero sí al menos cubrirán los gastos. Esta regulación se ha podido hacer porque la Junta de Extremadura cambió el régimen jurídico de los huertos familiares, que pasaron de bienes de dominio público a patrimoniales.
Para poder disfrutar de estas explotaciones, los titulares tendrán que estar empadronados en el poblado donde se ubiquen y acreditar que residen allí durante al menos siete meses al año. A la hora de adjudicarlos, el ayuntamiento seguirá un orden de preferencia: En primer lugar, aquellos a los que el Iryda les atribuyó los huertos y siguen disfrutándolos. En segundo lugar, los que lleven al menos tres años cultivándolos, y acrediten este derecho. Si una vez atendidas todas las solicitudes anteriores quedasen huertos libres, el ayuntamiento los adjudicará mediante licitación pública. Se hará el próximo mes de diciembre.
Según la ordenanza, en ningún caso se puede adjudicar el aprovechamiento de más de un huerto por unidad familiar. Villalba asegura que hay titulares que han explotado varios huertos para cobrar las ayudas comunitarias. Con la nueva regulación, el cultivo debe ser continuado y se quedarán sin huerto si dejan de hacerlo más de un año, lo que conllevará una vigilancia por parte del ayuntamiento matriz.
Por ser suelo rústico, no se podrá edificar, tan solo una pequeña construcción de 3 por 3 metros para los aperos de labranza.
En su día existían los llamados cotos escolares, donde se formaban los hijos de los colonos. El ayuntamiento se reserva estos huertos y la idea del concejal de Patrimonio es dividirlos en "pequeñas parcelitas" de 500 metros, para ofrecérselas a personas mayores de los poblados que no dispongan de tierras y se dediquen a cultivarlas directamente.
Villalba cree que esta regulación no va a gustar a los actuales adjudicatarios "porque venimos a poner cierta luz en el aprovechamiento de un bien municipal por el que a día de hoy nadie paga a nada al ayuntamiento". "Algunos lo entenderán y otros no", matiza.
