El viejo acuartelamiento de Sancha Brava, en la carretera de Valverde, podría convertirse en una urbanización de viviendas unifamiliares exclusiva para militares y personal de Defensa. En este proyecto trabaja una promotora de Murcia, Roseval Desarrollos Urbanístico S. L., que está gestionando la creación de una cooperativa, que se constituirá esta misma semana con el nombramiento de los miembros del consejo rector, para la construcción de un residencial de viviendas protegidas de dos a cuatro dormitorios, con zonas verdes, pistas deportivas y piscina.

En los últimos días, Roseval ha dado a conocer este proyecto inmobiliario al personal de la base aérea de Talavera la Real, la base General Menacho de Bótoa y la Guardia Civil, ya que está dirigido a militares, familiares directos y personal de Defensa. Por el momento, hay cerca de un millar de personas interesadas en estas viviendas, según la empresa, que tiene previsto presentar el proyecto de forma oficial a finales de abril en un acto que se celebrará en el Palacio de Congresos Manuel Rojas.

La legislación de Defensa da preferencia a su personal para optar al suelo desafectado, además este colectivo cuenta con ayudas complementarias que concede el Insitituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) para la adquisición de primeras viviendas.

ABANDONADA La cooperativa adquirirá 128 hectáreas de este suelo, que no es urbanizable, a través de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED), organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Estado de la Defensa que gestiona la venta de propiedades que ya no tienen un interés militar, como es el caso de Sancha Brava, cuyas instalaciones permanecen cerradas desde que en 1999 fueron abandonadas por el Regimiento Castilla 16 para trasladarse a la base de Bótoa.

Los cooperativistas solicitarán al GIED la enajenación del suelo de Sancha Brava mediante subasta pública, y de forma paralela iniciarán los trámites para la transformación urbanística de este suelo, según Jacinto García, abogado de la empresa promotora, quien reconoció que "la actuación urbanística será compleja", ya que para convertir el suelo en urbanizable hay dos vías: aprobarlo como proyecto de interés regional (PIR) por parte de la Junta de Extremadura o modificando el Plan General Municipal, "aunque dependerá de lo que los técnicos municipales estimen más oportuno".

BUENA SINTONIA En las primeras reuniones mantenidas con los representantes municipales se ha visto "buena sintonía", según Jacinto García, quien explicó que Roseval propone para acortar los plazos, --ya que el cambio del uso del suelo podría llevar unos dos años y medio--, hacer viviendas modulares, que sólo tardarían en fabricarse e instalarse cuatro meses, a diferencia de la construcción con ladrillo cuyo plazo superaría los 18 meses. No obstante, Jacinto García dejó claro que "esto es sólo una propuesta, luego serán los cooperativistas los que decidan qué tipo de vivienda quieren hacer".

El número de casas unifamiliares que finalmente se haga dependerá también del número de cooperativistas. Una vez se determine se hará al ayuntamiento una propuesta de aprovechamiento urbanístico del suelo "y el ayuntamiento decidirá".

Roseval tiene, según reconoció Jacinto García, una gran confianza en este proyecto, "no sólo preveemos un gran número de cooperativistas sino que la forma de pago no va a ser gravosa, no habrá que recurrir a financiación de bancos", señaló.

El precio del módulo básico de Vivienda de Protección Oficial (VPO) es de 758 euros el metro cuadrado.