La investigación que se está realizando desde la Fiscalía Anticorrupción en el Ayuntamiento de Badajoz está recrudeciendo las acusaciones entre la oposición y el equipo de gobierno, cuyas informaciones se contradicen. Ayer, la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, y el PP negaron que se haya citado a declarar a los concejales que han formado parte de la Comisión de Urbanismo desde 1995, como aseguró el día anterior el grupo socialista a través de un comunicado.

La concejala y el PP puntualizaron que la información que ha solicitado la fiscalía ha sido el nombre y DNI de las personas que han formado parte de la comisión y en ese grupo entran técnicos, colectivos y concejales de todos los grupos. Para los populares, supone "una grave quiebra del Estado de Derecho" y un "hecho de extrema gravedad" que se pueda cumplir el presagio del candidato socialista a la alcaldía, Francisco Muñoz, cuando anunció hace dos semanas que tendrían que declarar concejales del PP ante el fiscal. De ser así, en el PP no se descarta acudir "en auxilio" al Fiscal General del Estado, como hizo --recuerdan-- el presidente de la Junta.

NO HAY NADA En declaraciones a este diario, la concejala de Urbanismo negó que se hayan llevado material del ayuntamiento. Respecto a la posibilidad de que la llamen a declarar a ella o al alcalde, manifestó que "ojalá nos dijesen que fuésemos, porque como no hay nada". Es más, señaló que las cuestiones que han formulado a los técnicos que han declarado, no se refieren a ellos. "Es que es un tema técnico, no político", comentó, en referencia a que la investigación gira sobre el Canal de Badajoz.

Respecto a la denuncia sobre el fax enviado desde la asesoría jurídica solicitando unos honorarios, cuya autoría la oposición relaciona con el entorno de Herrera, la concejala insistió en que si alguien sabe algo "que lo diga, porque esto parece una guardería infantil. No es mi obligación investigarlo, ni hacer nada". Y apuntó que en su entorno trabaja mucha gente "que está un poco enfadada y disgustada, lógicamente" por las acusaciones que se están vertiendo.

En relación a este asunto, el concejal de IU, Manuel Sosa, concretó sus sospecha de que hay una operación por parte del equipo de gobierno para culpar de lo ocurrido a un arquitecto, cuando se trata de un texto jurídico "y por tanto lo ha hecho un abogado". Sosa puso en duda que el alcalde tenga interés en que se llegue al fondo de este asunto y le instó a que pregunte a Herrera con quién se reunió el viernes pasado. También el portavoz socialista, José Ramón Suárez, cuestionó que en la investigación de lo ocurrido, se haya tomado declaración a Sosa antes que a Herrera.

Suárez añadió otro asunto que la fiscalía tendría que investigar. El portavoz preguntó por qué se adjudicó en diciembre del 2003 "a dedo" una vivienda a la persona que ocupaba la casa de la Huerta del Cura, perteneciente a la familia política del alcalde, pocos días después de venderse la parcela. El equipo de gobierno contestó que existía un informe sociosanitario del Insalud que justificaba la necesidad social.