Contra todo pronóstico, a pesar de llevar días sopesando la posibilidad de que no asistirían a la comisión convocada por el alcalde sobre el cumplimiento del contrato del servicio de limpieza, el grupo municipal Socialista salió ayer "satisfecho" con las explicaciones que aportaron tanto los responsables de la empresa concesionaria, FCC, como el jefe del servicio de inspección en el ayuntamiento. Tan satisfechos que, sorpresivamente, el concejal del PSOE Fernando Carmona señaló que creen "innecesaria" la convocatoria de una comisión de investigación --técnicamente se denomina especial, que el propio PSOE ha impulsado--, si bien, como existía un acuerdo previo con los otros dos grupos de la oposición municipal de solicitar su convocatoria en el pleno del jueves, el PSOE no impedirá su aprobación.
Tras la comisión de ayer, Carmona reconoció en declaraciones a este diario, que su grupo se ha "precipitado" en este tema, que "se tenía que haber tratado de otra forma" y agregó que el portavoz, Ricardo Cabezas, ha "prestado demasiada credibilidad" tanto al comité de empresa de FCC (en estos momentos en pleno proceso de negociación del nuevo convenio colectivo) como a la postura del portavoz de Ciudadanos, Luis García-Borruel, que es el que se viene mostrando más crítico en cuanto a posibles incumplimientos del contrato por parte de la concesionaria.
"Nos hemos equivocado porque no hay por dónde coger el tema", señaló Carmona, quien apuntó que es muy complicado descubrir si existen incumplimientos y no están en condiciones de cuestionar el informe del servicio municipal de inspección, tanto en lo referente a los puestos de trabajo como a las modificaciones en las prestaciones, que pueden ser cambiadas por la concejalía cuando considera que deben adaptarse a nuevas necesidades de la ciudad.
Por su parte, Cabezas, en declaraciones a ete medio, insistió en que su grupo no debía haber asistido a la comisión de ayer, como habían previsto, pero el problema surgió cuando primero Podemos, y después Ciudadanos, decidieron que acudirían, a pesar de existir un acuerdo de que ninguno iría, al tiempo que argumentó que su grupo tiene que hacer una oposición "seria", como lo está demostrando con otros asuntos y ayer, en la comisión, les facilitaron toda la información que solicitaron y que es complicado cuestionar.
LA EMPRESA En la reunión extraordinaria de la comisión, celebrada en el salón de plenos, comparecieron el jefe del servicio de Inspección de la Concejalía de Medio Ambiente, Antonio García y, por parte de FCC: Juan Manuel Santiago, director técnico de zona de Castilla La Mancha, Madrid y Extremadura; Oscar Zubelzu, jefe de servicio del Area de Gestión de Badajoz de FCC y Francisco Cortés, gerente en Extremadura.
Antonio García se mostró muy a la defensiva por el trato que, según él, han recibido por parte de Borruel --a quien no mencionó expresamente-- los funcionarios que integran el servicio. Reprochó al portavoz de Ciudadanos que haya puesto en tela de juicio "nuestra honorabilidad" y que les haya negado la presunción de inocencia y el beneficio de la duda, sin aportar pruebas, así como lo animó a que acudiese a la Fiscalía, si tiene sospechas, en lo que también coincidió el concejal de Medio Ambiente, Antonio Avila. García negó que exista "trato de favor" con FCC. "La relación no es personal, sino profesional, es seria, cordial y poco amistosa", dijo. Fue el primero en sacar a relucir que el número de trabajadores con el que cuenta la empresa en Badajoz es de 217, como establece el contrato, aunque en muchas ocasiones hay más dados de alta para cubrir las vacaciones y el absentismo con eventuales. Manifestó que desde el inicio del contrato (en octubre del 2010) se han regularizado mes a mes facturaciones indebidas por inversiones no realizadas, que se completaron en febrero del 2011, lo que refleja "el nivel de exigencia". En cuanto al canon anual que paga el ayuntamiento a FCC, se aplica una fórmula polinómica en la que se tiene en cuenta el IPC y la desviación salarial.
Ya en su primera intervención, el socialista Fernando Carmona, dio a entender que se desmarcaba de la postura de la oposición, al reprochar al jefe de servicio que hablase mirando a su grupo, cuando "nadie ha dudado del servicio de inspección de los funcionarios". La semana anterior, Cabezas, cuando compareció con los portavoces de Ciudadanos y Podemos, manifestó que "no había control" a FCC.
DOBLE FACTURACION La empresa defendió que todos los servicios contratados se están prestando y negó que exista doble facturación, como ha denunciado Borruel. El canon anual que paga el ayuntamiento es de 10.276.000 euros, del que la mano de obra supone 6 millones (según los datos del alcalde, son 5,2 millones), que se vería incrementado en 2,4 millones si se atienden las demandas de los sindicatos en la negociación ahora abierta, que también salió a relucir en la comisión, aunque no era éste su cometido. Según la empresa, este coste no sería "asumible".
Según Avila, en el pago del servicio "se afina tanto" que cuando se ha jubilado algún trabajador de los que asumió la empresa del ayuntamiento, se ha descontado el sobrecoste salarial derivado del convenio original. El concejal explicó que las prestaciones de FCC se van a adaptando a las necesidades porque así lo permite el contrato
Por su parte, el portavoz de Podemos Recuperar Badajoz, Remigio Cordero, insistió en que su grupo aboga por la remunicipalización del servicio de limpieza que, según sus cálculos, supondría un ahorro superior a 3 millones de euros anuales a la ciudad. Al concluir la comisión, su compañero Fernando de las Heras defendió que la información ofrecida fue "insuficiente" y que su grupo cree que la comisión de investigación se debe mantener porque aunque, como sostuvo Avila, Badajoz sea una ciudad "viva", hay "barrios más muertos que otros" en cuanto a la limpieza. El que menos satisfecho se marchó fue Borruel quien, a la salida, mantuvo que FCC tiene 186 trabajadores y que hay "pluses" incluidos en la nómina que se abonan aparte.
