El Defensor del Pueblo ha admitido la queja presentada por Caval contra la concesión por el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria (TVP) del tercer grado al exgerente de la cooperativa de Valdelacalzada, Manuel García, condenado por la Audiencia de Badajoz a 23 años de prisión por 8 delitos relacionados con la quiebra fraudulenta de la entidad que presidió, pena que fue ratificada por el Tribunal Supremo y de la que ha cumplido escasos cuatro meses. Por esta causa fueron también condenados el exdirector comercial, Manuel Corrales, y su esposa, Carmen Texeira, que siguen cumpliendo sus penas en prisión, de 4 y 3 años, respectivamente.
La queja la presentó la representación legal de Caval, que ostenta el despacho de la abogada Rosalía Perera, ante la indignación de los vecinos de Valdecalzada cuando en agosto pasado vieron pasear por el pueblo al hombre que, según la justicia, fue el responsable de la ruina de la cooperativa y de muchas familias de la localidad.
Los socios de Caval y sus familias se manifestaron en Badajoz ante la Audiencia con una tractorada, para pedir explicaciones de por qué un condenado a 23 años, pena ratificada por el Supremo, obtiene el beneficio penitenciario del tercer grado con apenas 4 meses cumplidos. La presentación de la acusación en el proceso solicitó información al JVP. La respuesta que obtuvo fue se le concedió por ser quien cuida a una nieta enferma desde que falleció la madre de ésta, e hija suya. Los vecinos señalaron entonces que antes de ingresar en prisión, el condenado vivía en Badajoz y la pequeña en Valdelacalzada, al cuidado de su padre.
El Tribunal de Vigilancia Penitenciaria también indicó a la letrada Perera que una vez que hay sentencia firme, la acusación en la causa deja de ser parte en proceso alguno, por lo que no existe obligación de informar a las partes, salvo al fiscal, que en aquel momento no puso objeción.
Perera presentó después quejas ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), ante la Fiscalía general del estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo, que hoy mismo ha comunicado la aceptación de la protesta, con registro de salida del 20 de noviembre del 2017, en el que se comunica el inciio de “las actuaciones oportunas ante la Fiscalía General del Estado y ante la secretaría general de Instituciones Penitenciarias solicitando que se informe sobre la situación jurídico-penitenciaria descrita del condenado don Manuel García González”. Y que “una vez recibida la información que dichos órganos han de remitir, se le dará traslado de la misma”, según la adjunta segunda del defensor del Pueblo, Concepció Ferrer i Casals, que firma el escrito.
