La Delegación del Gobierno en Extremadura ha comunicado al Ayuntamiento de Badajoz que "no se opone" a que proceda a "establecer algún sistema" que permita a las familias que están ocupando de manera irregular pisos de la Guardia Civil en la barriada de Suerte de Saavedra puedan "acceder transitoriamente" al abastecimiento de agua potable mientras persistan las medidas de confinamiento domiciliario al que obliga el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

Asimismo, la Delegación del Gobierno considera que se determinen, si el ayuntamiento no se opone, los procedimientos para la identificación de los beneficiarios de "esta medida extraordinaria de carácter sociosanitario" o los sistemas de cobro del servicio o la exención a las personas que ocupan irregularmente las viviendas ubicadas en la calle Ventura Reyes Prosper.

Es la solución que plantea la Delegación del Gobierno después de que, la semana pasada, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, manifestase que el ayuntamiento no puede facilitar el agua corriente a viviendas que pertenecen a otras administraciones, en este caso, al Ministerio de Interior, que estaba negociando con la Junta de Extremadura para convertirlas en viviendas sociales.

Mientras esta negociación se producía, los pisos fueron "okupados" y las familias se surtían de una fuente cercana. Para ayudarles y evitar esta situación, desde el 20 de marzo el ayuntamiento les facilita agua embotellada a través de la empresa concesionaria. Aqualia. Hay vecinos que les están ofreciendo sus casas para asearse, con el consiguiente riesgo dadas las circunstancias que precisamente han llevado a la medida de confinamiento para evitar los contactos en la medida de lo posible. El grupo municipal de Unidas Podemos llegó a anunciar que denunciaría al alcalde si no ponía solución a esta situación y llevaba agua corriente a estas familias. El alcalde respondió alegando que no sería legal hacerlo en viviendas que son de otras instituciones.