El abogado de los propietarios de las parcelas ilegales de la finca Los Rostros comentaba que entre estos afectados se ha corrido la idea de que el ayuntamiento pacense pudiera tener entre sus planes futuros expropiarles sus terrenos y recalificarlos para seguir construyendo viviendas, dado que muy próximas a estas pequeñas cabañas levantadas al margen de la ley, el grupo Joca ya ha empezado a construir casi 3.000 viviendas legales, en un terreno que originalmente también era rústico, como el suyo, pero que con una decisión política tomada en Mérida se ha convertido de la noche a la mañana en urbanizable. Casas legales vecinas de las ilegales, separadas por una delgada línea trazada sobre un plano. Menudo chollo hubiera sido para este medio centenar de propietarios --que creyeron que iban a poder disfrutar de su parcela ilegal en su jubilación-- que en la capital autonómica alguien hubiese aprobado, con una ley a medida en la mano, recalificar su terreno y poder construir viviendas protegidas. Aun considerando descabellado el temor del citado abogado, parece injusta la trascendencia de una decisión urbanística aislada, que provoca situaciones un tanto discriminatorias.
