La denuncia sobre cobros indebidos de Aqualia partió del grupo municipal socialista, que el 18 de febrero desveló que estaba facturando consumos del 2008 a precios del 2009.
Al día siguiente, la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) anunció que denunciaría a Aqualia si no refactura de oficio.
Dos días después, al ser preguntado sobre el tema, el alcalde, Miguel Celdrán, dijo que el ayuntamiento no tiene nada que ver con el tema.
De nuevo el PSOE exigió el 3 de marzo al ayuntamiento que revise y controle a la concesionaria.
