El Tribunal Supremo (TS) dictó en noviembre pasado una sentencia que atiende el recurso que presentó la Asociación Amigos de Badajoz contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), de abril del año pasado que paralizó la ejecución de otra sentencia, dictada en el 2003, que consideró ilegales las obras realizadas en el antiguo Hospital Militar, en el interior de la Alcazaba, para la construcción de la Facultad de Biblioteconomía. Esa sentencia la corroboró el TS en el 2006 y la mandó ejecutar el propio TSJEx un año más tarde.

El alto tribunal dejó claro en su último fundamento jurídico que "se ha aprobado la variación del plan --General Municipal (PGM)-- con el objeto de impedir que la sentencia se cumpliera en sus propios términos". Y añadió que el mismo se concreta "cuando ya se ha dictado la sentencia que se pretende ejecutar, lo que pone de manifiesto que la secuencia de hechos avala que la modificación del planeamiento tenía por finalidad esquivar el cumplimiento de la sentencia".

El TS indicó: "Repárese que en la ejecución de la sentencia se encuentra presente un interés público esencial. No estamos ante el mero interés particular de una asociación para que se ejecute un pronunciamiento judicial, sino que se trata de evitar que se comprometa la tutela judicial del artículo 24.1 de la Constitución española, que abarca la ejecución de lo juzgado en relación con el artículo 117.3 del mismo texto, como sustento básico de nuestro Estado de derecho".

Por otro lado, el fallo recordaba que "el ejercicio de las potestades administrativas en el orden urbanístico ha de responder a las exigencias propias del interés general, entre las que no se encuentra desde luego burlar lo acordado en sentencia judicial firme". El caso de Biblioteconomía comenzó en el año 2000, con denuncias públicas y por la vía judicial que concluyeron con la sentencia del 2003, posteriormente recurrida por el ayuntamiento, y seguidamente por la mencionada asociación, que reconoció haberse equivocado al no oponerse al proyecto en la Comisión de Patrimonio a la que asistió y en la que se aprobó.

Amigos de Badajoz se mostró satisfecha con el fallo del TS, "por demostrarse que el colectivo tenía razón". Y "tristeza al ver cómo se ha malgastado el dinero público mientras los políticos que decidieron en su momento, eluden sus responsabilidades". En un primer momento, el alcalde Miguel Celdrán pidió tiempo para estudiar la situación. La Junta planteó a Amigos de Badajoz la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial, propuesta que la asociación rechazó y anunció que en ese punto será inflexible.

El PSOE por su parte consideró que la ejecución sería un paso atrás en la recuperación del Casco Antiguo, e IU reclamó la dimisión de los responsables políticos del proyecto.

POSTURA DE LA UNIVERSIDAD El rector de la Universidad de Extremadura (Uex), Francisco Duque, pidió tiempo para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ´cubo´ de la Facultad de Biblioteconomía "y para trasladar a los que están dentro", pues en caso de derribo no veía factible mantener el centro en su actual ubicación.

El rector advirtió que "tendremos que pedir fondos para trasladarlo al campus. Ya me costaría creer que lo derribaran y volviera a ser legal que se volviera a levantar, así que mejor buscamos fondos y que se trasladen al campus. Yo no lo veía venir, pensé que eso ya estaba resuelto".

Duque expresó días más tarde la posibilidad de que, si finalmente se ejecuta la sentencia, la facultad se traslade a las instalaciones del del actual edificio de Medicina cuando éste quede vacío, una vez construido el nuevo centro, pero que no había nada decidido al respecto, pues había que ver cómo evoluciona el proceso. La sentencia supone un "trastorno para la Uex", que llevó al Casco Antiguo la facultad porque el edificio le fue donado. El rector apuntó otro "inconveniente de tipo "moral", que tanto estudiantes como profesores se encuentran en el Casco Antiguo "muy a gusto" y están revitalizando el entorno.

Por otro lado, los estudiantes repartieron 500 octavillas y pidieron entrevistas con todas las partes implicadas en el proceso.

Desde que salió la sentencia que obliga a demoler parte de la edificación donde está la biblioteca, el salón de actos, la cafetería, aulas y todos los despachos de profesores, dieron los pasos que pudieron para no salir perjudicados.

Editaron 2.500 octavillas, que repartieron en pasillos, puertas, ventanas y escaleras de la facultad, en las que reza: "¡No al derribo del cubo! 5 millones de euros para construirlo, 8 millones para tirarlo. Ahora nos quedamos sin facultad. Los problemas legales que los paguen los responsables. ¡No los estudiantes!".