Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Badajoz han desarticulado a un grupo organizado que presuntamente se dedicaba desde hace años a la introducción ilegal en el país de ciudadanos peruanos mediante la simulación de contratos. Esta operación, denominada Inca, se ha cerrado con la detención, la pasada semana, de seis personas que operaban en la ciudad, dos de ellas son mujeres que han ingresado ya en prisión y el resto están en libertad con cargos.
Entre los detenidos se encuentran la máxima responsable de la organización, N.C.E.T., de 56 años, su hija R.E.T.E, de 35 y el marido de ésta, M.A.L., de 37 años, todos ellos nacionalidad peruana, a los que se les imputan varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Además fueron detenidos tres empresarios extremeños por su presunta autoría de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal al haber realizado de forma fraudulenta las ofertas necesarias para tramitar las autorizaciones de residencia y trabajo con las que llegaban los peruanos.
La investigación se inició una vez tuvo conocimiento la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Badajoz de que ciudadanos peruanos afincados en el barrio de Valdepasillas se dedicaban desde hacía varios años a conseguir autorizaciones de residencia y trabajo a compatriotas suyos a través de ofertas de empleo que presentaban en la Subdelegación del Gobierno, cobrándoles suculentas cantidades de dinero por tales gestiones.
Tras realizar las actuaciones policiales oportunas, los agentes comprobaron cómo en los distintos domicilios, ubicados en las calles Felipe Trigo del barrio de Suerte de Saavedra y Simeón Vidarte de Valdepasillas, ocupados en diferentes fechas por los integrantes de la organización, aparecían empadronados varios peruanos que habían obtenido permisos como empleados de hogar.
Además, en el curso de la investigación conocieron irregularidades en los contratos efectuados por los empresarios, como el hecho de que figurasen al mismo tiempo cinco empleados de hogar trabajando para el mismo empleador y en el mismo domicilio.
EL ENGAÑO A través de las declaraciones de los empleados, los agentes averiguaron que estos habían pagado a los detenidos cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 4.000 euros a cambio de una oferta de trabajo que les permitiera conseguir los permisos de residencia y trabajo en España, "sabiendo de antemano que una vez en nuestro país, no trabajarían para los supuestos empleadores y que se tendrían que buscar la vida", según informó la Policía Nacional.
Los testigos de los hechos se acogieron desde el inicio de la investigación a la ley de testigos protegidos, por temor a sufrir represalias por parte de los miembros de la organización.
Una vez esclarecidos los hechos, la policía conoció que el modus operandi de esta organización criminal era el siguiente: la cabecilla del grupo se encargaba de captar a las víctimas en Perú, concretamente en la población de Ica, ya que conocía la zona porque había residido allí. Esta seleccionaba a aquellas personas que conocía de antes, ofreciéndoles la posibilidad de obtener el permiso de residencia y trabajo en España, a cambio de una cantidad de dinero.
Una vez establecido el contacto, la víctima tenía que ingresar en un banco la mitad de la cantidad acordada, entre 1.500 y 2.000 euros, quedando pendiente el resto a su llegada a España.
LOS EMPRESARIOS Cuando conseguía el dinero, los demás miembros del grupo se ocupaban de buscar al empresarios que iba a realizar la oferta de empleo. Los agentes constataron la existencia de dos grupos de empresarios, los que tenían una pequeña empresa, normalmente de construcción, y personas que realmente necesitaban los servicios de una empleada de hogar.
A los primeros les solicitaban como si fuera un favor una oferta de empleo para un supuesto familiar que tenían en Perú para que pudiera venir a España, "sabiendo los empresarios que no iban a trabajar en la empresa". Los segundos eran personas que realmente buscaban a una persona para las tareas domésticas y normalmente eran de avanzada edad a las que la organización conocía por trabajar algunos de sus miembros en el sector de cooperativas de auxiliares de ayuda a domicilio.
Cuando conseguían la autorización necesaria, la víctima solicitaba a la embajada de su país el visado para viajar a España, donde tenía que pagar en efectivo el dinero restante, momento en el que era acompañada a la Seguridad Social para darse de alta. Estas personas eran además alojadas en unos domicilios de la organización, a cambio de 150 euros mensuales, y tenían que buscarse un trabajo por su cuenta, ya que, como habían pactado, no trabajarían con los supuestos empleadores.
Según la policía, este grupo había operando en Badajoz desde al menos el 2006, pudiendo haber introducido ilegalmente en España a unas 30 personas. Las detenciones se llevaron a cabo entre el 14 y el 16 de noviembre.
