Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Badajoz detuvieron el pasado día 15 de junio a un hombre de 46 años, identificado con las iniciales M. G. G., por intentar agredir a los agentes que fueron a retirarle la custodia de un hijo menor, según datos de la Jefatura Superior en Badajoz.

Los hechos que ayer dio a conocer la policía ocurrieron cuando en la mañana de la fecha indicada, agentes de la Brigada Judicial realizaban labores de colaboración y protección a los funcionarios de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, que provistos de un mandamiento judicial, debían retirar la custodia del menor a sus padres, en una vivienda de la barriada de San Roque.

En el momento en que el hombre detectó la presencia de los funcionarios y la policía, trató de impedir el acceso de estos a la vivienda, profiriendo gritos de amenazas de muerte, mientras esgrimía un arma blanca de grandes dimensiones.

Los agentes actuantes, con el fin de prevenir males mayores, y dada la imposibilidad de entrar en la vivienda sin utilizar la fuerza, decidieron abandonar momentáneamente la zona, ante el temor de que al entrar por la fuerza pudieran causar daños personales a los menores que se encontraban en el interior del domicilio. No obstante, pudieron realizar su labor más tarde y detener a M. G. G., vecino de Badajoz y con antecedentes.

Las labores de investigación realizadas dieron como resultado el conocimiento de que el autor de las amenazas trabajaba como guarda de obra cercana al lugar de los hechos. Fue ahí donde la policía acudió esa misma tarde, lo identificó y lo detuvo acusado de un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Además, en el momento de su detención le fueron decomisados un machete, una escopeta de caza, 450 gramos de hachís y 2 más de cocaína.

Por estos hechos, el detenido fue acusado de los supuestos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, contra la salud pública y tráfico de sustancias estupefacientes, y de tenencia ilícita de armas. Una vez tramitado el pertinente atestado policial, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.