Las diferencias entre las partes representadas en el juicio se pusieron de manifiesto al solicitar las indemnizaciones. Mientras que la abogada del Estado planteó que el único responsable del asesinato era su autor, y que la prisión cumplió todas las normas y reglamentos debidamente, por lo que no se le puede considerar responsable del delito, el fiscal y las dos acusaciones particulares presentaban sus respectivas reclamaciones. La letrada del Estado si admitió que el hecho ocurrió en la prisión y en ese apartado admitía la responsabilidad.
El fiscal solicita 120.000 euros para la expareja de la víctima, que lo denunció por malos tratos; 90.000 para los hijos y 9.000 para los padres. El letrado de la expareja y sus hijos reclamó 150.000 euros para los menores y 90.000 para la mujer. El de los padres de David reclamó 150.000 para éstos; no se oponía a la indemnización a los hijos, pero sí a la expareja, por haberse acreditado su ruptura un año antes del crimen. Y pidió que se adopten medidas para que el dinero de los niños no lo puede utilizar la madre hasta que ellos sean mayores de edad.
