Para la Diputación de Badajoz, en el marco de sus directrices para paliar los efectos de la crisis del covid-19, la reducción de los tiempos de pago a proveedores ocupa «una posición preferente». Si bien ha sido «una constante de los últimos años, este firme compromiso de la diputación de con sus proveedores, adquiere una mayor relevancia en momentos tan complicados en los que las empresas, y especialmente las pymes y los autónomos, necesitan liquidez más que nunca», según señala la institución en un nota de prensa.

El Área de Economía y Hacienda «redobla esfuerzos» desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo. Así, en desde entonces y hasta ayer, se han materializado pagos a proveedores por 15 millones de euros, un aumento del 120% respecto al mismo periodo de 2019.

Este volumen de pagos se ha correspondido con el abono de 1.561 facturas, un 60% superior respecto al ejercicio precedente, correspondiéndose la mayoría con servicios prestados «por pequeñas empresas y autónomos como aquellos más vulnerables frente a las consecuencias de una posible demora en sus cobros».

Asimismo, destaca la diputación que dentro del periodo de referencia ha abonado el 100% de las facturas pendientes relativas a ejercicios anteriores.

En esta misma línea «de inyección del mayor nivel de liquidez posible en el sistema,» añade la diputación, a lo largo de estos 40 días, desde el Área de Economía y Hacienda, y bajo la modalidad de teletrabajo, «se han continuado transfiriendo los fondos necesarios para el pago de transferencias, subvenciones, nóminas y los seguros sociales de todos y cada uno de sus trabajadores, garantizando así el correcto funcionamiento de los servicios públicos que presta esta diputación en beneficio de los ayuntamientos y el bienestar de sus ciudadanos».

Las actuaciones para garantizar la liquidez «en momentos tan complejos adquiere una triple vertiente: liquidez para los ayuntamientos (33 millones en anticipos y Plan Cohesiona), para las empresas (15 millones) y para los ciudadanos (40 millones aplazados en concepto de tributos hasta el mes de julio)». Estas actuaciones suponen una inyección de 48 millones desde que se decretara el estado de alarma, «88 considerando el dinero que se mantiene en el bolsillo de los contribuyentes, propiciando la continuidad de los servicios públicos, el desarrollo de la economía y paliar la destrucción de empleo».