La Diputación Provincial de Badajoz «tiene intención» de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz, que anuló «de pleno derecho» el decreto de presidencia sobre las bases de la convocatoria del Plan Extraordinaria Dinamiza 2018, en lo referido al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y el Catálogo de Vestigios elaborado por el comité de expertos de la institución provincial. Así lo confirmó ayer el director del Área de Presidencia, Julián Expósito.
«Nuestra intención es recurrirla», dijo. Y de hecho, como se anunció tras conocerse el fallo, «los letrados estudian los fundamentos jurídicos en los que se basa la sentencia estimatoria del recurso» del Ayuntamiento de Badajoz.
La diputación ya señaló tras conocerse la sentencia, que respetaba el pronunciamiento e los tribunales de justicia y en todo los relativo a la sentencia, «sin perjuicio de que sean debidamente analizados y valorados jurídicamente por los letrados de esta corporación», como está siendo, pues confía en que una instancia superior anule la sentencia del Juzgado de Badajoz. Estima que considerar los requisitos de las bases como una sanción, no corresponde, pues entra «dentro de la discrecionalidad técnica de la Administración Convocante».
Así mismo, el pasado día 10 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia otra convocatoria, ésta de subvenciones destinadas al Fomento del Turismo en el 2019, entre cuyos requisitos también figura el «haber cumplido con las obligaciones derivadas de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica y aquellas que no lo hubiese hecho deberán acreditar el certificado del secretario de la entidad acreditativo del cumplimiento de las medidas propuestas por el Comité Provincial de Expertos de la memoria Histórica».
El decreto de dicha convocatoria tiene fecha de 4 de junio, tres días antes de que el juzgado notificase la sentencia referida. Las citadas fuentes de la diputación manifestaron que «el proceso continuará su curso, porque puede ocurrir que una instancia superior anule la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz, como ya ocurrió anteriormente en otro caso, en Santa Amalia».
Eso sí, «seguirá su curso siempre que no se presente alguna impugnación y se pida la suspensión, y se conceda», señaló el director del Área de Presidencia.
El ayuntamiento, por su parte, tras anunciar el alcalde en funciones, Francisco Javier Fragoso, que «si se puede pedir la ejecución de la sentencia, la pediremos», con la posibilidad de que «la anulación afecte a los 180 municipios de la provincia», ayer continuaba pendiente de los informes que elaboren sus servicios jurídicos, según manifestó la portavoz del grupo popular, María José Solana.
