La entrada de la Diputación de Badajoz en el accionariado de Tragsa sirve, según indica la institución en un comunicado, para cumplir la norma europea incorporada en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que exige la adquisición de cuotas de capital «para poder encomendar la prestación de servicios, trabajos y obras a esta empresa pública, generando un mayor espacio para las políticas provinciales».
La de Badajoz ha materializado su incorporación y se prevé la formalización de la escritura pública en septiembre. Este procedimiento obtiene su sustento jurídico en la Directiva Europea que determina la necesidad de que aquellas administraciones públicas que quieran encargar servicios a esta empresa, formen parte de sus órganos de decisión, lo que ha sido traspuesto a la Disposición Adicional Vigésimo Cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público.
