La Diputación de Badajoz quiere ceder al ayuntamiento dos tramos de vías de su titularidad que ya forman parte del entramado urbano y de cuyo mantenimiento se tienen que seguir encargando el organismo provincial. En concreto, a través de una alegación a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha ofrecido la avenida de Padre Tacoronte, que es la carretera BA-020 que lleva a Campomayor y la carretera de Corte de Peleas, BA-022, en el tramo que discurre por el casco urbano desde el cruce con Ricardo Carapeto a la autopista. según ha confirmado a EL PERIODICO el diputado del área de Fomento, Gabriel Mayoral.

El nuevo PGOU contempla actuaciones en estas dos vías: una rotonda en la carretera de Campomayor y el desdoblamiento de Corte de Peleas, obras que, según Mayoral, en ningún caso acometerá la diputación, de ahí que haya propuesto al consistorio la cesión de estas dos vías.

La idea de la institución provincial es ceder la titularidad de estos tramos para que sea el ayuntamiento el que haga las actuaciones que crea oportunas. En el caso de que esta alegación no fuese aceptada, como así ha sido, la diputación proponía como alternativa que los costes sean asumidos por la Administración local, aunque la diputación mantenga la titularidad, "lo que no deja de ser un contrasentido", subrayó.

NEGATIVA Fue el concejal socialista Moisés Cayetano quien en el debate plenario de las alegaciones sacó a relucir el tema y pidió un acuerdo entre las administraciones. Pero la concejala de Urbanismo Cristina Herrera contestó que saldría perjudicada la ciudad, lo que no significa, puntualizó, que la cesión se pueda aceptar "el día de mañana".

Mayoral apunta que esta operación se está haciendo con otros ayuntamientos de la provincia, con los que están llegando a acuerdos, como es el caso de Mérida, con la carretera de Alange o con Zafra, en un tramo de la carretera de Puebla de Sancho Pérez. Incluso ha habido ayuntamientos pequeños que se han dirigido directamente a la diputación para pedirle la titularidad de una vía.

El diputado de Fomento sostiene que es lógico porque aunque la carretera sea de la diputación, para las licencias de obra, renovar bordillos, aceras, iluminación o mobiliario, es el ayuntamiento el que corre con todos los gastos. La responsabilidad de la institución provincial se limita a arreglar la calzada y su mantenimiento. "Pero estás haciendo una vía provincial en una ciudad", apunta Mayoral.

Si la titularidad fuese municipal el ayuntamiento tendría total libertad para actuar como en un vía urbana, que no estaría condicionada por la Ley de Carreteras, porque la diputación tiene que salvaguardar la calzada por mantener la seguridad de la carretera.

"Nosotros mantendremos la vía en el estado actual y no haremos nada de lo que propone el plan", sentencia Mayoral. El responsable provincial de Fomento señala que la diputación es titular de 2.500 kilómetros de carreteras en la provincia "y no nos podemos dedicar a hacer desdoblamientos o rotondas en una ciudad, cuando tenemos tramos que requieren actuaciones urgentes", como son ampliar el ancho de algunas vías para darles mayor seguridad.