El pleno de la Diputación de Badajoz, con los votos en contra del PSOE, rechazó ayer la moción presentada por el grupo popular en la que solicitaba la creación de una comisión informativa especial para estudiar los procesos selectivos del personal de la institución provincial en la presente legislatura.
Para defender la moción, el portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, se hizo eco de la denuncia del diputado Antonio Pozo sobre el resultado de un concurso oposición para dos plazas de letrados en la institución provincial, que dijo que habían otorgado «a dedo» a personas con familiares afines al PSOE.
El presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, por su parte lamentó «el ataque del ala más dura del PP al principio básico de igualdad que se lleva a cabo en estos procesos» y recordó que en pro de la transparencia, esta legislatura se aprobó que en los tribunales no puedan participar los políticos y que una parte de ellos los formen empleados de la institución elegidos por sorteo
Por otro lado, el pleno aprobó la incorporación de 27,32 millones de euros para este ejercicio, procedentes de remanentes del pasado año, para destinarlos a distintas áreas y actuaciones. El diputado de Economía, Manuel Borrego, explicó que una vez aprobada la liquidación de cuentas del 2017, este remanente se destinará a planes contra la violencia de género, una nueva convocatoria de subvenciones de planes de igualdad o la ampliación de fondos para proyectos culturales. También para contratación en prácticas de titulados universitarios y de FP de Grado Superior, conciliación de vida laboral y familiar de los empleados de la institución, un programa de adquisición de detectores de humo en viviendas de mayores y drones para la vigilancia de los incendios.
