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Distorsión electoral

 

María Ortiz María Ortiz
15/02/2019

Escribir esta columna una horas antes de la comparecencia de Pedro Sánchez para anunciar un posible adelanto electoral o una cuestión de confianza -son las dos opciones que con mayor fuerza se barajan- tiene el riesgo de que el presidente del Gobierno y su asesor, que tan acostumbrados nos tienen a dar la cambiada por respuesta, no haga ni una cosa ni otra, sino la contraria.

Pero sea cual sea el escenario que se abra en los próximos meses en nuestro país, hay dos aspectos novedosos e inquietantes que muchos estamos percibiendo en las últimas semanas: por una parte la inusual trascendencia que ha adquirido la situación nacional, y si me apuran aún más, aquella que tiene que ver con Cataluña, en la actualidad de cualquier ciudad o comunidad. Y por otro lado, y en parte es consecuencia de la anterior, la incertidumbre que tanto políticos como los ciudadanos expresan sobre el resultado que tendrá cualquier cita electoral que se presente.

Nunca antes la «agenda nacional» se había colado con tanta fuerza en nuestro día a día. Es evidente que debe interesar si se aprueban o no los Presupuestos Generales del Estado o si hay partidos políticos queriendo romper nuestra convivencia democrática. Pero hasta ahí. En las últimas semanas, incluso meses, hemos dejado de hablar de la gestión de aquellos responsables políticos más cercanos. Los que realmente se encargan de resolver o empeorar nuestros problemas más cotidianos y la vez más importantes. Y la pregunta es: ¿hasta qué punto puede este hecho distorsiona el voto en las próximas elecciones locales y autonómicas?. Un riesgo que no sólo pueden correr alcaldes y presidentes autonómicos, incluso, sin llegar al «superdomingo», sino también los propios ciudadanos. Y el panorama político nacional, anuncie Sanchez lo que anuncié, no tiene visos de relajarse.