Sólo dos familias permanecen todavía viviendo en uno de los dos bloques expropiados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en la antigua carretera de Sevilla para acometer las obras de los arroyos. Los habitantes de los dos bloques han venido mostrando constantemente la valoración de sus casas, que los técnicos de la CHG calcularon en 66.000 euros, valor que luego ratificó el Jurado Provincial de Expropiación.
La confederación puso fecha al desalojo, que tendría que producirse antes del pasado 28 de febrero y poco a poco todos los habitantes de estos pisos se han ido marchando. Las dos familias que continúan viviendo están a la espera de que les entreguen los pisos donde van a trasladarse. Los demás ya lo han hecho, unos se han ido de alquiler, otros han podido ampliar sus hipotecas y otros con familiares.
Pero el proceso judicial no ha terminado porque los afectados han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que, según Diego Cáceres, puede tardar en resolverse un año o año y medio.
Diego Cáceres insiste en que él, como muchos de sus vecinos, va a luchar "hasta el final, cueste lo que cueste, si tengo que esperar diez años, esperaré, para que se haga justicia", subrayó.
