La Real Sociedad Económica de Amigos del País ha hecho pública su preocupación por las consecuencias a medio y largo plazo de la promoción de 2.750 viviendas del Plan 60.000 de la Junta que se van a construir en Cerro Gordo, a varios kilómetros del nucleo urbano.
Partiendo de que este tipo de viviendas son necesarias en la ciudad, de los beneficios que a corto plazo pueden suponer para una parte de la población, la legalidad de la actuación y la "bondad" de sus intenciones, esta institución llama la atención sobre las consecuencias, para que "se reflexione sobre cómo llevarla a cabo y se replanteen conjuntamente estas actuaciones de creación de viviendas, sin que tengan que causar graves problemas a la ciudad y a la región".
Ente los inconvenientes detectados, la Económica menciona que esta promoción dispersa la ciudad y, con ello, los beneficios que el concepto de ciudad supone. Además propicia la falta de identidad de los residentes con su ciudad, incrementa los gastos en los servicios públicos, crecerá la densidad de tráfico y las miles de personas que residirán en este barrio, probablemente "despoblarán" otras zonas consolidadas de la ciudad, "propiciando zonas degradadas y envejecidas". Apunta al mismo tiempo que esta promoción creará un barrio "uniforme y con un perfil de población similar que tenderá a la endogamia" y se generarán grandes espacios comerciales, que restarán afluencia de clientes al núcleo urbano y supondrá "una gran crisis en el comercio consolidado".
Asimismo, la Económica advierte de que se crea "un antecedente grave de cuestionamiento de la autonomía municipal para su planeación urbanística" y "se propicia la ordenación de la ciudad a golpe de promociones independientes sin coordinación municipal".
Por último, esta institución apunta que podría surgir la amenaza a medio y largo plazo de una posible "segregación" de este nuevo barrio del término municipal de Badajoz (habrá tantos habitantes como en Olivenza) junto a Villafranco y Balboa, que incluyese importantes dotaciones de la ciudad.
Por todas estas razones, la Económica pide a la Junta, al ayuntamiento y los grupos políticos municipales "que hagan todos los esfuerzos" para facilitar el acceso a la vivienda, evitando causar "graves consecuencias para la ciudad" que "pueden ocasionar perjuicios superiores a los beneficios pretendidos".
