El abogado defensor de Nicolás B.B., que fue condenado por el juzgado de lo penal número 2 de Badajoz por un delito de maltrato a animal doméstico a un año y tres meses de prisión, presentó ayer un recurso de apelación contra esta sentencia, dictada por los hechos ocurridos en octubre del 2009, cuando aparecieron en un contenedor de la calle Antonio Ayuso dos cachorros de perros que habían sido torturados cruelmente, uno de los cuales murió y el otro sobrevivió con numerosas secuelas.
El letrado, Eugenio Barahona, explicó ayer a este diario que en su escrito con carácter previo impugna los hechos porque el fallo judicial se refiere a la intencionalidad del imputado, pero el abogado entiende que no puede ser así debido a los problemas psiquiátricos que padece el condenado y que constan en todos los informes médicos aportados, que además justifican la eximente completa.
En cuanto a los motivos, el primero que aduce es la ausencia de prueba apta para la condena, porque no existe ningun directa que pueda incriminar al inculpado, salvo sus propias declaraciones ante la Guardia Civil y el juzgado de guardia, pero Nicolás B. B. ya dijo durante el juicio oral que lo hizo por "miedo a la Guardia Civil". Tampoco cree el abogado defensor que el testimonio de la empleada de limpieza que vio a la persona que arrojó a los cachorros al contenedor tenga una base sólida pues esta mujer vio a un hombre calvo en una furgoneta, y el imputado no ha tenido nunca este tipo de vehículos y además la descripción física no le corresponde.
Asimismo, señala que la veterinaria que trató a los cachorros dijo la primera vez que testificó que habían sido heridos con un bisturí y luego durante el juicio no descartó que pudiera ser con una tijera, que fue el instrumento que el condenado dijo haber empleado. Algo "fundamental" según el abogado es que la Guardia Civil intervino en el registro domiciliario unas tijeras que el propio imputado les señaló y que se tendrían que haber analizado por si hubiera restos biológico, pero no se hizo. Barahona defiende que no existe ninguna prueba objetiva y por lo tanto se ha conculcado el principio de presunción de inocencia.
El letrado entiende además que no hay responsabilidad civil (su cliente debe indemnizar a la asociación Adana con 3.280 por los gastos veterinarios) porque Adana no era propietaria de los cachorros.
