Las obras de reconstrucción del edificio de ocho viviendas situado en el número 7 de la calle Rivillas, en la esquina con la avenida de Pardaleras, detrás de la plaza de toros, han comenzado hace pocas semanas, aunque desde fuera son imperceptibles, porque se está trabajando en el interior. Cuando este bloque sea rehabilitado, habrá culminado la lucha de 21 años desde que sus propietarios empezaron «con esta historia, que nos ha costado mucho dinero, muchas reuniones y muchas noches sin dormir», relataba ayer una de las afectadas, Margarita Giraldo.

La empresa concesionaria del servicio de aguas, Aqualia, fue condenada a reparar el edificio por una sentencia del juzgado número 3 de Badajoz ratificada ahora hace dos años por la Audiencia Provincial, que consideró probado que las grietas aparecidas en la estructura del inmueble tenían su origen en una fuga de una tubería de abastecimiento que discurría por la calle y que durante años socavó los cimientos de este bloque.

El ayuntamiento lo declaró en ruina en el 2012, que fue cuando se marcharon los últimos ocupantes. Otros vecinos se habían ido con anterioridad ante el temor de que el edificio se viniese abajo. Ninguno recibió ayuda alguna para encontrar otra vivienda ni afrontar los gastos de traslado o alquiler. Durante el proceso judicial, Aqualia llegó a defender que los daños comenzaron a producirse con motivo de la riada de 1997, cuando dieron la cara, pues los bajos de este edificio y los de su entorno se inundaron aquella noche. Pero el perito judicial desmontó esta teoría y los informes técnicos dejaron claro que el motivo estaba en la fuga de agua potable de la red pública.

Aqualia, a través de su compañía de seguros, ha indemnizado con 727.000 euros a los vecinos, representados por le abogado Vicente Sánchez Paré, una cantidad que se destina a la rehabilitación del edificio. «Somos el pez chico y si la demanda ha salido adelante es porque realmente había pruebas de todo», manifiesta Margarita Giraldo.

Esta vecina, que ya no vivía en el bloque cuando todo ocurrió, pero conserva el piso de su madee, cuenta que cuando el salón de la vivienda del bajo «se abrió», debajo había muchos metros cúbicos de agua, debido a que la rotura de la tubería llevaba bastante tiempo manando debajo del edificio, aunque no salía a la superficie. A finales de enero del 2013, Aqualia reparó la avería de la tubería. La empresa quiso plantear que había prescrito su responsabilidad porque los daños estructurales ya existían en el 2002, diez años antes de que se presentara la demanda judicial por parte de los vecinos. Pero la Audiencia Provincial estimó que la responsabilidad perdura durante quince años y que los daños se fueron produciendo a lo largo del tiempo, hasta que la avería fue solucionada.

Son los propietarios los que se han organizado para, con el dinero recibido, contratar a la constructora y al equipo de arquitectos que dirige los trabajos de una obra de difícil resolución que conlleva una reconstrucción complicada y delicada En principio, se tendrán que ajustar a esta cantidad y si finalmente se superarse, estudiarían si reclaman la diferencia. El interior ya está apuntalado y los derribos interiores se están realizando de forma manual. Lo primero que se apuntaló fue la escalera. Según un testigo, existe una grieta que la recorre de arriba a abajo y desde el último piso llega a verse el cielo.

El proyecto contempla derribar el interior de la mitad del inmueble, la parte derecha, por ser la más afectada. El problema es que este bloque comparte los cimientos con los anexos, que forman parte de la misma promoción de viviendas de protección oficial, construidas hace 56 años, de ahí que no se pueda derribar todo el edificio. La solución pasa por respetar los cimientos y colocar micropilotes para asegurarlos. La previsión es que las obras duren entre 14 y 16 meses, si no hay imprevistos.

Son los vecinos los que se están encargando de la elección de todos los materiales. La constructura es Rogomsa, de Valverde de Leganés, y de la dirección se encargan los hermanos Víctor y Ángel Ganivet y Rafael Palomar como arquitecto técnico.

Margarita Giraldo vive con expectación este momento. Ella ya tiene vivienda pero espera que una de sus hijas pueda disfrutar la de esta. Estos pisos tienen más de cien metros cuadrados. «Yo no me planteo venderla, después de tantos años y de haber pasado tanto». Uno de los afectados falleció el mes pasado, pero pudo saber que su casa podrá volver a ser ocupada.