"Que nadie vea un debate sobre sanidad pública o sanidad privada, sino el malestar de los funcionarios por la decisión unilateral del ayuntamiento de cambiar a 323 funcionarios --y sus familias-- del la antigua Mutualidad Nacional de la Administración Local (Munpal) al Régimen General de la Seguridad Social, sin consultar ni negociar", manifestaron ayer Antonio Delgado, Manuel Manzano y Juan Rangel, de la junta de personal.

Todos los sindicatos con representación en el ayuntamiento pacense piden a los grupos políticos que no aprueben el día 18 el cambio hasta que se negocie con la parte social, por considerar que "no ha habido mesa de negociación" y que "la concejala nos llamó y nos dio una sentencia", afirmaron, a raíz de la comunicación de que el cambio será a partir del 11 de marzo, pues el día 10 concluye la prórroga dada para los casos especiales. Los representantes de los funcionarios se preguntaron qué ocurrirá con las personas que están en tratamientos crónicos, y los enfermos de gravedad, como los oncológicos e infartados, así como las citas y consultas pendientes, pues a día de ayer desconocían cómo será el tránsito de un régimen a otro.

Explicaron que los 323 empleados públicos son los que quedan por pasar a la Seguridad Social, todos de Munpal anteriores al 1993, y que entienden que es ya residual. Pero los delegados sindicales consideraron que el ayuntamiento "ha escenificado una concurso sabiendo que no saldría, porque no ha ofertado precios de mercado", y no se ha contado con ellos, ni se les ha dado la posibilidad de que los propios trabajadores asumieran la diferencia económica. Por ello, han presentado una serie de escritos en Registro, entre otros pidiendo que se les permita intervenir en el pleno del lunes.

A estas manifestaciones respondió el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Fragoso, quien recalcó que los pacientes seguirán siendo tratados de sus afecciones en la Seguridad Social al mismo tiempo que defendió que el ayuntamiento ha hecho "todos los esfuerzos" por mantener el estatus "especial" de estos funcionarios, incluso incrementó la prima, pero quedó desierto y para acceder a lo que pedían las compañías había que aportar 600.000 euros más. Aseguró además que se les ha informado a los sindicatos en la mesa de empleados públicos y de funcionarios.