El sindicato CSI-CSIF se reunió ayer con el fiscal jefe de la Audiencia de Badajoz, Antonio Mateos, con motivo de las últimas agresiones que han sufrido funcionarios de prisiones en el centro penitenciario de Badajoz a manos de algunos internos. El objetivo de la entrevista fue solicitar al fiscal jefe que tales ataques tengan la consideración de delito, y no de falta.
Esta petición la hizo el sindicato de funcionarios en virtud de la dispuesto en el artículo 550 del Código Penal, que castiga a quienes acometan, intimiden o empleen la fuerza contra los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo como reos de atentado con una pena de uno a tres años, según señalan en un comunicado remitido a este diario.
Dicho sindicato afirma que el fiscal jefe "se ha comprometido a revisar todas y cada una de las agresiones que sufran los empleados públicos penitenciarios para su inclusión, si procede, como delito de atentado".
CSIF pidió también al fiscal jefe que estudie la posibilidad de incluir con el delito de atentado el de lesiones, en caso de que algún funcionario las sufriera, encontrando una actitud abierta.
