Tres esposas y una hermana de guardias civiles del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, del grupo de 10 agentes que están de baja --de una plantilla de 30--, denunciaron ayer el "desamparo" en que se encuentran y el acoso laboral al que afirman que son sometidos por sus jefes, por lo que piden audiencia y amparo al director general.

Carmen Calderón, Piedad Pastor y Purificación Morlasco comparecieron con la Asociación Unificada de Guardias Civiles, acompañadas por responsables de ocho sindicatos, de IU y de la Plataforma Contra el Acoso Laboral --El PSOE y el PP no acudieron--, para dar "la cara por nuestros maridos y nuestras familias" ante "la pasividad del mando de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno" con la problemática del Departamento de Tráfico de Badajoz. Pues, dicen, "no han movido un dedo para solucionar este grave problema, que de manera insostenible afecta a nuestras familias".

Carmen Calderón, hermana de un agente con dos años de baja y que ha perdido su destino, contó que se han producido dos intentos de suicidio, que lo han comunicado "y nadie ha hecho ni dicho nada". Ambos siguen internados en centros privados y, como otros ocho compañeros, en tratamiento psiquiátrico.

OCHO MESES Ocho meses, dijeron las mujeres que "llevamos" en una situación cuya única "respuesta ha sido una sanción disciplinaria para nuestros maridos, para intentar acallar las quejas". Unas quejas que "están encaminadas a poner al descubierto el trato discriminatorio y a veces vejatorio que por parte del entonces teniente jefe y del capitán del subsector de Tráfico se estaban llevando a cabo".

Las mujeres leyeron un comunicado, en el que expresan que no entienden cómo la Guardia Civil dice preocuparse por sus miembros y 10 guardias del Destacamento de Tráfico de Badajoz, "nuestros esposos, se encuentran desamparados".

Tampoco entienden cómo "el teniente coronel médico de la comandancia, que es estomatólogo, se atreve a convencer a nuestros cónyuges para que se reincorporen a sus puestos de trabajo, obviando las consecuencias que esto podría conllevar".

Y añaden que sus esposos "se encuentran en tratamiento psiquiátrico por parte de un especialista, el cual no recomienda su reincorporación al trabajo".

Estas mujeres dijeron que sus familias "están destrozadas, nuestros hijos preguntan que por qué papá está tan triste" y dicen a la delegada del Gobierno que "tiene muy buenas palabras, pero para nosotras son ficticias". Preguntan dónde está la respuesta del escrito que mandaron al Ministerio del Interior.

También admitieron que "vivimos con miedo a que alguno de nuestros cónyuges intente quitarse la vida, pues por desgracia dos ya lo han intentado; lo hemos expuesto a la delegada del Gobierno y a los mandos de la Guardia Civil y no hacen caso, hasta que un día pase una desgracia". Por ello, dijeron, "sólo queremos que se investigue lo que sucede y si el capitán es merecedor de ser cesado, que lo sea. Queremos justicia".

También leyeron la carta de Montaña, esposa de un guardia que lleva "ocho meses con una fuerte depresión y constantes pérdidas de control que le han llevado en dos ocasiones a tener conductas suicidas", y que pregunta: "Señor capitán, ¿qué pasó mientras mi marido firmaba el correctivo que le impuso? porque tuvo un intento de suicidio".

Sobre el acoso laboral, denunciaron "provocaciones" y "amenazas" de traslado si se equivocan en las denuncias. Contaron que un agente fue sancionado "por entrar en un establecimiento a hacer sus necesidades"; otro porque "en una persecución se cayó de la moto y la rozó", hechos que les lleva a decir que "la forma de actuar de ese señor es implantar el mobbing".

Las esposas preguntaron por qué no se piden pruebas de lo que ocurre a sus maridos y afirman que no quieren que éstos "vuelvan a ingresar en psiquiátricos por culpa de la dejadez de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno". Puestos al habla con esta institución, su gabinete de prensa afirmó que no habría respuesta.