Familias que viven en casas afectadas por la riada en la carretera de Sevilla no saldrán de sus pisos, a no ser que los obliguen las fuerzas de seguridad, hasta que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) no les pague un precio que ellos crean "justo" por sus viviendas. La CHG se ha limitado a contestar que estudiará cada caso y aplicará los mecanismos que la ley permita.

La decisión del Jurado Provincial de Expropiación es que sus casas, de 90 metros cuadrados, con terraza, garaje y trastero, valen 66.000 euros, que los afectados consideran "ridículo" pues, según su perito, estas casas valen al menos 120.000 euros, según el precio medio de San Roque, según explicó Francisco Llera, uno de los afectados.

TODO EN REGLA Algunos de los afectados comparecieron ayer en rueda de prensa. Son 23 viviendas, en la calle Santo Cristo de la Paz, ocupadas en propiedad desde hace siete y nueve años e hipotecadas. Cuando ocurrió la riada hacía 3 años que se habían terminado, con todos los permisos en regla, pues tenían aprobado el proyecto técnico, licencia de obras y licencia de ocupación. Alegan que las Administraciones permitieron que se construyeran allí. La noche de la riada el agua inundó los garajes y muchos de los vecinos tuvieron que salir por las terrazas. Estas viviendas se incluyeron en la zona de exclusión y se les aplicó la Ley de Expropiación Forzosa. Sólo dos propietarios han llegado a un acuerdo con la CHG, 16 siguen viviendo en sus casas, el resto se ha trasladado. Según dijo ayer uno de ellos, Diego Cáceres, "no nos vamos a ir sin hacer ruido, tendrán que venir las fuerzas de seguridad".

El abogado de estas familias, Fernando Carmona, comentó que "no es de recibo y no responde a ningún criterio esta valoración, no hace falta ser arquitecto para darse cuenta de que es una barbaridad". Una vez dictada la resolución, van a recurrir en reposición, pero lo normal es que se ratifique la decisión inicial. Llegado este momento los afectados interpondrán un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), un proceso que según este abogado, podría durar dos años.

Carmona comentó que este proceso de expropiación se declaró de urgencia, por lo que estas familias tienen que "agradecer" a la Administración que sigan en sus casas, pues podrían haberles echado hace tiempo.

En su día les ofrecieron la posibilidad de trasladarse a las viviendas levantadas por la Junta por la riada, a cambio de sus casas, pero desconocían las condiciones. "Todo el mundo tiene derecho de elegir dónde quiere vivir", recalcaron.