La Oficina de Extranjería de Badajoz resolvió en el 2010 un total de 4.298 expedientes, un 16,32% más que el año anterior; desde enero hasta mediados de junio de este año van 1.304. Son algunos datos referidos a una población inmigrante de casi 30.000 personas en la provincia, para cuya atención, la Subdelegación del Gobierno en Badajoz acaba de abrir unas nuevas dependencias.

La nueva Oficina Integral de Extranjería que se abrió ayer al público tiene 425 metros cuadrados que antes ocupaba la Casa del Mapa, a la que se accede por la calle La Bomba, con espacios diáfanos y luminosos, una sala de espera con asientos y un sistema de información que indica a cada usuario a dónde digirse y en qué momento. El coste ha sido de 319.011 euros, según explicó la delegada del Gobierno, Carmen Pereira.

Las nuevas dependencias --la primera oficina se creó en el 2002-- reúne todos los departamentos y servicios administrativos y policiales que intervienen en los asuntos de inmigración, y a 17 funcionarios, de forma que en estas dependencias se podrán resolver todos los trámites relacionados con extranjería.

Algunos de esos asuntos son expedición de tarjetas de identidad, de familiar residente comunitario, de asilo, prórrogas de estancia, solicitudes de regreso o cédula de inscripción, entre otros. La oficina atiende a una media de 100 personas y resuelve unos 40 expedientes por día.

Por otro lado, la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Yolanda García Seco, se reunió con los colectivos que trabajan con inmigrantes para informarles de los contenidos del nuevo reglamento que desarrollará la Ley de Extranjería del 2009, que fue aprobado en abril pasado y entrará en vigor el 1 de julio.

POLITICA INMIGRATORIA El reglamento presta especial atención a los plazos, metodología y nuevos preceptos de la ley, para consolidar la política inmigratoria del Gobierno español, en la que se basa en la entrada y residencia organizada y legal de los inmigrantes. Esta, señaló, queda vinculada al mercado de trabajo, la lucha contra la inmigración ilegal y la integración de los inmigrantes, señalando sus derechos y deberes.

García Seco especificó que en materia de empleo, se supedita la llegada de extranjeros a las necesidades de trabajo que no se cubra por los nacionales, que el inmigrante tiene que llegar con un contrato de trabajo de origen. Su entrada será efectiva a partir del alta en la Seguridad Social durante los 3 meses de vigencia del contrato, y para seguir en España, después de un año, el inmigrante tendrá que demostrar que se ha mantenido en el mercado laboral o que tiene derecho a prestación.

El reglamento responde a las necesidades de víctimas de malos tratos, mujeres y menores, o de explotación, a quienes en caso de denunciar su situación la ley paralizará el procedimiento sancionar si lo hubiera, para que ninguna víctima deje de denunciar por estar en situación irregular. También aborda aspectos sobre el reagrupamiento familiar, con interés especial en los menores.

García Seco destacó los mecanismos para atraer a investigadores y personal altamente cualificado para favorecer la competitividad de la economía española.