Los empresarios afectados por el cierre de nueve de las 11 plantas extractoras de áridos que hay en el entorno de Badajoz, como son transportistas, extractores y fabricantes de hormigón, continuaron la mañana de ayer sus movilizaciones para exigir una solución que termine con el problema de desabastecimiento de materia prima que afecta ya a numerosas obras de construcción y que ha llevado a cerrar prácticamente todas las plantas hormigoneras, así como al cese de actividad de transportistas.

Se concentraron alrededor de las diez de la mañana en el llano del antiguo ferial, en La Paz, y poco más de dos horas después pusieron los 90 camiones, bañeras, volquetes y hormigoneras en marcha y se dispusieron a recorrer varias zonas de la ciudad en torno a la antigua autopista o N-V, en su tramo urbano, con el consiguiente colapso del tráfico.

Ello obligó a actuar a la policía local, sobre todo por los atascos que se produjeron en los cruces del puente de la Universidad, primero, y después en los de la carretera de Olivenza, de Valverde, de Sevilla y hasta la entrada a la ciudad por esa vía. En algunos puntos la situación se agravó por coincidir con la hora de salida de los colegios. No obstante, según la policía local, no hubo otros incidentes durante las tres horas que permanecieron en esta actitud.

ESCRITO DE HORMIGONEROS A medio mañana, un grupo de hormigoneros presentaron un escrito en el ayuntamiento, explicando que "debido al cierre de las graveras y por ello el desabastecimiento de una de sus principales materias primas, llevan cerradas varios días, con el consiguiente impedimento en el suministro a todas las obras de Badajoz y zonas limítrofes".

Dicho escrito señalaba las obras siguientes: nuevo Ifeba, encauzamiento de los arroyos, las viviendas del fuerte de San Cristóbal, de Ronda Norte, la Estación, Cerro del Viento, Valdepasillas, Huerta Rosales, San Roque, poblados, desdoblamiento de la N-V, Cerro Gordo y naves de El Nevero. Además, indicaron que este sector sustenta alrededor de 60 camiones hormigoneras de autónomos, "que al día de la fecha ya no pueden hacer frente a algunos pagos".

Por otro lado, un grupo de empresarios de plantas de áridos, "todas menos dos", según uno de ellos, manifestaron a EL PERIODICO que han denunciado a la empresa Transnivel. Fue ésta la que denunció al resto por carecer de licencia de apertura y ello provocó el cierre de todas excepto ella misma y otra.

La denuncia, a la que ha tenido acceso EL PERIODICO, fue ante el ayuntamiento, el Seprona, Minas, Medio Ambiente y ante la fiscalía, porque según consta en ellas, carece de licencia de actividad de extracción de áridos y del informe de impacto ambiental, "expresamente denegado por la Dirección General de Medio Ambiente desde el 8 de enero del 2002, según acredito con certificación", y "las resoluciones negativas".

Dicha certificación dice, con fecha 20 de octubre del 2005, que "la empresa Transnivel no tiene actualmente otorgado informe de impacto ambiental favorable para la extracción de áridos en la finca Prado Grande", y que "con fecha 8 de enero del 2002 se publicó en el DOE resolución desfavorable", así como que en el 2003, dicha empresa realizó una consulta ante la que se remitió escrito de subsanación con fecha 28 de octubre del 2003, en el que "se requería cierta información complementaria, sin que hasta el momento se haya recibido contestación o documentación relativa a dicho asunto". Dice también que se remite copia del informe de impacto ambiental de la planta, emitido con fecha 29 de enero de 2002, de la que se dio traslado al órgano competente".

DENUNCIAS Y RESPUESTA Las denuncias solicitan el precinto de la planta y a la fiscalía que incoe diligencias e impida "la continuación de las comisión de los presuntos delitos que se denuncian".

Juan José Rodríguez, gerente de Transnivel, manifestó que "en efecto, el 8 de enero del 2002 se me denegó el informe medioambiental porque faltaban unos requisitos, pero se cumplimentaron con un documento anexo y se me concedió el 29 de enero del 2002; tenían que haber mirado el expediente completo".

Rodríguez mostró el informe "favorable" con la segunda fecha, firmado por el entonces jefe del Servicio de Protección Ambiental, Martín Bastos Martín. E igualmente mostró la licencia de apertura con fecha 3 de junio del 2005.