El 14 de junio del 2016. Esa es la fecha "más apropiada" que la Universidad de Extremadura ha propuesto para iniciar las obras de derribo del Cubo de Biblioteconomía, que hace tiempo pasó a denominarse Facultad de Ciencias de la Documentación y de la Comunicación, es decir, donde se forman --entre otros profesionales-- quienes trabajarán en los medios informativos. Es lo que recoge textualmente el último auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJEx), donde además da cuenta de que este acuerdo resultó tras haber convocado a las partes, incluida la universidad, a una comparecencia para decidir la fecha de inicio de las obras. Se entiende que es la menos mala, pues sea cual sea el momento que se decidiese para iniciar los trabajos, necesariamente va a afectar al desarrollo del curso, dado que la actividad universitaria no goza de 3 meses estivales baldíos como otras etapas formativas.
Pues según pusieron de manifiesto las autoridades universitarias en la reunión que mantuvieron el lunes con los alumnos, en ningún momento la universidad ha puesto fecha al derribo, diga lo que diga la sala del TSJEx, cuyo presidente (en este caso, jueza) parece sufrir algún tipo de empeño en que este desbarajuste se produzca --según dijeron-- tanto o más que los mal llamados Amigos de Badajoz, según estas mismas autoridades, cuya insistencia en el cumplimiento de la legalidad ha puesto sobre las cuerdas a esta facultad. Como también aseguraron allí, para sorpresa de los estudiantes, que lo que habían publicado los medios de comunicación no era verdad, aunque ninguna de estas autoridades haya manifestado lo contrario a través, por ejemplo, de un comunicado para desmentir la información publicada, si tan falsa es. Y eso que se trata de la Facultad de la Comunicación.
Lo único que quedó claro en la reunión del lunes es que la universidad carece de un plan B para, en primer lugar, reubicar la actividad universitaria mientras se desarrollan las obras. El plazo que maneja el ayuntamiento es de tres meses, pero todos sabemos que cuando en una casa entran albañiles, es difícil saber cuándo van a salir. En segundo lugar, en la universidad tampoco saben cómo solucionar la merma de espacios y eso que han tenido tiempo para pensarlo, repensarlo y decidirlo desde que salió la primera sentencia de derribo, en marzo del 2003.
Los estudiantes, a través del Consejo de Alumnos, han manifestado su malestar por las propuestas que se están lanzando, que aún no son decisiones. No están de acuerdo con la fecha de derribo, porque junio es un mes lectivo. Consideran inviable utilizar los espacios de la Biblioteca Regional, porque no son suficientes, y ponen sobre la mesa la necesidad de contar con un nuevo edificio. ¿Ahora? ¿A menos de ocho meses vista? ¿Después de 12 años y 7 meses plantean utilizar el Hospital Provincial o construir otra facultad? No deberían ser ellos, los alumnos, quienes lo pongan sobre la mesa, pero ven que el tiempo se les echa encima y que no hay posibilidad de indulto, una opción de la que tampoco antes se había hablado y que surge justo cuando el Consejo de Ministros no se reúne por la convocatoria electoral. ¡Qué oportunos! Tiempo ha habido más que de sobra para trazar un plan B, un C o un D si las autoridades autorizadas hubiesen asumido que las sentencias están para cumplirlas, no solo los ciudadanos de a pie, a quienes se les exige derribar el chalecito construido con todos sus ahorros en terreno rústico, sino también las Administraciones. Eso sí, con el dinero de todos.
