La familia agredida en Los Colorines, formada por Alfonso Díaz Domínguez y María Amparo Torres González, se presentó ayer ante la prensa junto al concejal de IU, Manuel Sosa, en un intento de encerrarse en los servicios territoriales de la Consejería de Bienestar Social, reclamando una casa digna fuera del barrio.
El matrimonio, que fue agredido en su casa el pasado 22 de junio por unos vecinos, que al parecer pedían que bajasen la música porque se encontraban de luto, reclama una solución a su situación, comentaba María Amparo, quien dijo que si la Junta les había metido allí, también les tendría que sacar.
La familia, que durante este tiempo ha estado de alquiler y en el Centro Hermano, ahora ha decidido dormir ante las puertas del edificio. No creen que realmente no haya casas para ellos. La Junta les ofrecía una ayuda de cuatro meses de alquiler, que el concejal de IU dijo que rechazan porque supondría seguir en la misma situación transcurrido este tiempo.
Según contó la mujer, la última amenaza que sufrieron por parte de un matrimonio fue para obligarles a que retirasen la denuncia. "Nos dijeron que de la cárcel se sale pero de una caja de pino no se sale, y el niño va a quedar huérfano de padres y abuelos", aseveró María Amparo.
TUTELA El hijo de la familia, que actualmente se encuentra con los abuelos, está bien atendido, según la Consejería de Bienestar Social, pero Sosa ha interpretado que la investitación ha sido un intento de retirada de la tutela de los padres.
Ante la situación creada, la consejería contestó ayer mediante un comunicado, en el que criticó el "uso demagógico" que hace el concejal de IU de la situación de la familia. La consejera, Leonor Flores, informó de que se les ha ofrecido acceder a una ayuda de emergencia social, que en estos momentos se encuentra paralizada a la espera de que los afectados faciliten la documentación necesaria, reclamada en varias ocasiones. Rechaza la "indigna utilización política de la situación por parte de Sosa, "que se limita a comparecer con ellos ante los medios de comunicación y despreocuparse de su situación posterior".
La consejería asegura que esta es la única solución que puede ofrecer, y que los propios afectados, el pasado viernes 15 de julio, hicieron llegar a la Administración su agradecimiento por el interés mostrado, lo que desmentiría las acusaciones de IU.
Además asegura no haber hecho chantaje de ningún tipo utilizando la tutela del menor como excusa, sino que sólo cumplían con la normativa legal establecida sobre menores.
